Una denuncia circula en las redes sociales. Mediante un video se muestra un supuesto soborno que le hace un conductor a un agente de la Comisión de Tránsito (CTE) en vía Playas, en la provincia de Guayas. La institución no se ha pronunciado al respecto.
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Mediante una grabación, se puede observar al funcionario de pie junto a un automóvil revisando los documentos aparentemente en un control vehicular parte del plan diciembre seguro. De pronto, el ciudadano se baja del carro y se acercó al agente para extenderle la mano la mano.
Rápidamente le entrega algo que en las imágenes no se puede divisar con claridad de qué se trata. El uniformado, por su parte, le devolvió los documentos y le pidió que se retire.
Posterior a ello, el agente volvió a su labores con sus dos compañeros para continuar realizando el proceso de revisión con todos lo automóviles en el punto de control.
No hay pronunciamiento
Hasta el cierre de esta nota se desconoce si la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) investiga sobre el presunto soborno o si está realizando las respectivas indagaciones que.
En situaciones que han ocurrido hechos que comprometen a la institución se han pronunciado mediante un comunicado.
A continuación el clip de la denuncia:
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¿Cuáles son las sanciones cuando se dan los sobornos?
De acuerdo al Código Orgánico Integral Penal (COIP) esto sería un delito de Cohecho y está estipulado en el Artículo 280 que señala lo siguiente:
“Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, enumeradas en la Constitución de la República, que reciban o acepten, por sí o por interpuesta persona, beneficio económico indebido o de otra clase para sí o un tercero, sea para hacer, omitir, agilitar, retardar o condicionar cuestiones relativas a sus funciones, serán sancionados con pena privativa de libertad de uno a tres años”.
Además se especifica que puede extender hasta los cinco años y si es que el servidor público realiza otro delito a más de recibir el beneficio económico puede ser hasta siete años de privación de la libertas.
