Desde 1999 en Ecuador existen normativas ambientales que contemplan la oligatoriedad para las empresas, de contar con sus respectivos permisos ambientales y poseer una correcta medición de los riesgos que pudieran devenir de sus actividades.
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De esta manera, en el territorio ecuatoriano, ninguna empresa puede realizar actividad alguna que no haya pasado por un análisis regulatorio ambiental pormenorizado. Al tener un mayor impacto, estarán sometidas a una serie de estándares de control más elevados, así como mayores sanciones en caso de incumplimientos.
Las sanciones establecidas en materia ambiental son diversas, de esa forma, cumplir con la normativa ambiental debe necesariamente ser una prioridad para las empresas y sus directivos.
En el ámbito administrativo, dependiente de la capacidad económica de las empresas, las contingencias pueden llegar a multas que oscilan desde los $ 425 hasta los $ 125.000. Lo anterior, lejos de medidas de suspensión/clausura y costos inherentes de una reparación o compensación, en caso de que se verifique un daño ambiental.
Existen delitos consagrados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y cuyas consecuencias pueden derivar en la privación de la libertad (entre 1 a 5 años) y multas a las empresas, que pueden ascender a los mil salarios básicos unificados.
Para saber si se cumple la normativa, primero se debe obtener el permiso ambiental, ya que al no respetar los debidos procesos se generan riesgos innecesarios, que pueden resultar en multas y posibles suspensiones de actividades.
Rafael Pástor, fundador de Estudio Jurídico Ambiental, exhorta la importancia de un abogado en material ambiental, para prevenir afectaciones, en lugar de corregir las consecuencias que se derivan de la falta de atención a las necesidades ambientales.
Es crucial que las empresas tengan la guía idónea para empezar a cumplir con sus obligaciones ambientales, que permitan direccionar a la organización a lograr la excelencia ambiental, considerando además el bienestar social.
