Movimiento Nacional Campesino anunció que prepara un paro nacional en contra del Gobierno Nacional. Aún no se ha especificado fecha ya que esta acción será debatida y organizada desde cada territorio del país. A finales de junio finalizó la paralización indígena que duró unos 21 días.
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Según el movimiento, ese paro que anunciaron “es el único camino que deja el gobierno nacional para que las demandas de los sectores populares sean atendidas, en busca de mejores días para los ecuatorianos”.
La decisión fue tomada en una asamblea extraordinaria que reunió a dirigentes de la Costa, Sierra y Amazonía, realizada ayer lunes 5 de septiembre en Guayaquil.
“Frente a la crisis profunda que vive el país, la falta de soluciones a las problemáticas campesinas y el incumplimiento de funciones de Gobierno nacional se resolvió que la lucha del sector campesino será una relación férrea en campo-ciudad”, señala la organización en un comunicado.
Asimismo plantea el inicio de juicios políticos al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez; al ministro de Agricultura, Bernardo Manzano; y al ministro de Producción, Julio Prado.
Recordemos que el principal del Movimiento Nacional Campesino es Richard Intriago que, en agosto pasado, anunció que será candidato a la prefectura del Guayas por la Izquierda Democrática.
Indígenas exigen a Corte Constitucional de Ecuador cumplimiento de sentencias
Las nacionalidades indígenas waorani y cofán, que habitan en la Amazonía ecuatoriana, presentaron este martes un recurso ante la Corte Constitucional de Ecuador para exigir el cumplimiento de las respectivas sentencias ganadas contra el ingreso a sus territorios de actividades petroleras y mineras.
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Una delegación de ambas nacionalidades llegó hasta Quito para presentar a la Corte Constitucional una acción de incumplimiento, al considerar que el Estado ecuatoriano no ha acatado la medidas dictadas en ambos casos por parte de tribunales de las respectivas provincias amazónicas donde se ubican sus comunidades.
En el caso de los waorani, el Tribunal de Garantías Penales de la provincia de Pastaza dictaminó en 2019 que hubo una vulneración de los derechos a la autodeterminación y consulta previa libre e informada por parte de la entonces Secretaría de Hidrocarburos.
Con datos de EFE
