Este 24 de agosto el presidente Guillermo Lasso enviará a la Asamblea Nacional la objeción parcial a la reforma a la Ley de Comunicación. La propuesta se construyó con la colaboración de periodistas, representantes de medios de comunicación y organismos de derechos humanos.
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Esta mañana, desde el Palacio de Carondelet, autoridades del Gobierno ampliaron los detalles del veto y resaltaron los aportes que se incluyeron en la propuesta final, tras los diálogos efectuados con trabajadores de la comunicación en todo el país. El secretario General de Comunicación, Leonardo Laso, señaló que la ronda de socialización del veto fue potente, pues “el veto parcial está pensado y diseñado para ganar de una vez la batalla y finalmente sepultar esa Ley Mordaza”, dijo.
El veto presidencial contempla la objeción por inconstitucionalidad a 17 artículos. Algunos de los aspectos más importantes que se observan por considerar que vulneran derechos son:
- Eliminación de la “opinión” del contenido comunicacional.
- Definición del derecho a la libertad de pensamiento, expresión y opinión.
- Prohibición de censura previa dentro de los medios de comunicación.
- Definición amplia y ambigua de la responsabilidad ulterior.
- Designación a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo como defensores de audiencia.
- Poder de decisión de los consejos ciudadanos equivalente a los consejos editoriales.
- Exclusión de universidades como medios de comunicación comunitarios, y posibilidad de regirse por derecho propio.
Adjudicación directa como modalidad de asignación de frecuencias. Además, en la objeción parcial se veta 34 artículos, con lo que –además de otros temas- se propone:
- Suprimir la participación excesiva de la Defensoría del Pueblo.
- Eliminar las sanciones a medios que consisten en participar en talleres y realizar campañas.
- Fortalecer los mecanismos de protección del trabajo periodístico.
- Mantener e incentivar mecanismos de autorregulación.
- Modificar la composición del Consejo de Comunicación y atribuciones.
- Evitar limitaciones innecesarias en la difusión de contenidos para la protección de derechos.
- Limitar la creación de medios de comunicación oficial.
- Establecer objetivos eficaces para el Sistema de Comunicación Social.
- Suprimir la obligación impuesta al Estado a conservar y crear medios públicos de comunicación.
- Eliminar censura en internet y redes sociales.
- Suprimir el llamamiento inmediato a concurso público para la adjudicación de las frecuencias.
El secretario General Jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, señaló que el veto es un compromiso cumplido por el Presidente. Con lo que se evitará que “resuciten los fantasmas de la censura”, y que se utilicen los concursos de adjudicación de frecuencias como moneda de cambio para la opinión. En las próximas horas la objeción parcial será entregada formalmente al Legislativo.
