El Comandante General de la Policía Nacional, Fausto Salinas, ofreció una rueda de prensa para referirse específicamente a lo ocurrido ayer en Calderón, norte de la ciudad. También habló de las acciones previstas para mañana cuando se espera la movilización anunciada por los indígenas de Cotopaxi. Específicamente sobre si en Quito se requiere de un nuevo estado de excepción.
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“La Policía Nacional está preparada, junto con Fuerzas Armadas. Tenemos los dispositivos habilitados, tenemos todo el personal comprometido. De ser necesario, y de acuerdo a las evaluaciones que se hacen de forma permanente, se aplicará un estado de excepción si es que las condiciones así lo requieren”, explicó Salinas en rueda de prensa este miércoles.
Sobre la preparación para este jueves adelantó que cuentan con equipos que están desplazados. “No les puedo comentar la estrategia pero toda la Policía con todos los equipos logísticos y todas las capacidades operativas, así como con las investigaciones abiertas”.
Entonces lanzó una advertencia: “Cualquier persona que cometa una acción ilegal que nosotros podamos visivilizar, la judicializaremos como corresponde. Si es que bloquean la vía, haremos lo que se pueda y dependiendo del nivel de agresividad”.
Pedido del Alcalde de Quito
El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, solicitó al presidente Guillermo Lasso que evalúe la pertinencia de reinstaurar un estado de excepción en la capital, debido a las protestas indígenas contra la carestía de la vida, que ya cumplen 17 días, con la urbe como epicentro.
La solicitud se fundamenta en que se ha evidenciado que “personas desconocidas incendian bienes inmuebles, bloquean vías, pinchan y queman llantas de vehículos, saquean, dañan la propiedad pública y privada, generando terror y pánico en la ciudadanía”, señala un comunicado del Municipio.
El alcalde pidió, asimismo, al Gobierno Nacional que se refuerce la seguridad del Distrito Metropolitano de Quito, con todo el personal y recursos de la fuerza pública necesaria.
El pasado fin de semana, y ante la bajada en la intensidad de las manifestaciones, el Gobierno derogó el estado de excepción decretado en seis provincias donde se habían concentrado las protestas, entre ellas Pichincha, cuya capital es Quito.
