El ministro Patricio Carrillo informó que lo ocurrido ayer en la ciudad del Puyo, Pastaza, no se había visto en el Ecuador en los últimos años. Indicó que hubo hechos de extrema violencia, con gente en estado etílico que generaban turbas que incluso impedían que la ciudadanía pueda atenderse en términos de salud, el paso de ambulancia y abastecimiento de víveres o combustible.
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El Ministro refirió que, aproximadamente a las 18h00, se generaron enfrentamientos entre dos grupos sociales: ciudadanos que pedían el diálogo y la paz, y el grupo radical de diferentes comunidades quichuas y shuaras de la localidad, que en actos absolutamente irracionales con explosivos, armas ancestrales y de fuego, tipo carabina, empezaron a atacar al personal civil y policial. En ese contexto, cuando el enfrentamiento se agudizó, un comunero terminó perdiendo la vida. La Policía Nacional ha pedido que, con transparencia se realice la autopsia. Que se lo realice de manera independiente, con médicos legistas que no pertenezcan a la institución.
“Nuestros policías protegieron las comunicaciones, armas, evacuaron a las mujeres. Ahí tenemos aspirantes a policías, a quienes se protegió primero. La turba puso en riesgo y generó absoluto terror. Eso ya no es una protesta social, es un acto criminal”, expresó el Ministro Carrillo, quien aseguró que se están realizando las debidas denuncias.
También responsabilizó a los dirigentes nacionales y al dirigente local, Marlon Vargas, que fue uno de los sujetos que más enardeció, con su posición absolutamente radical, a las comunidades que generaron el caos y la violencia, aunque también se mantuvo diálogos con varios de ellos. Se espera el accionar de la justicia, “porque estos actos irracionales no son protesta social, son actos criminales que han puesto en riesgo y han atentado no solamente la vida de la población civil sino también a la fe pública”, aseveró la autoridad.
Informó que se están haciendo las evaluaciones para evacuar al personal policial que ya vivió un trauma exagerado y enviar uniformados especializados en temas de Derechos Humanos para buscar las empatías necesarias y recuperar un orden público, que en la ciudad del Puyo ahora no se lo puede garantizar.
“Han incendiado toda la infraestructura de policial, disponible en vehículos especialmente, y tienen sitiada la ciudad con armas y explosivos”, recalcó el ministro Patricio Carrillo.
“Hacemos un llamado a la comunidad. A estos grupos radicales, porque si vamos desestructurando un poco lo que ha sucedido estos últimos días, encontramos una gran mayoría de los movimientos indígenas que buscan una reivindicación social justa y el presidente Guillermo Lasso, la ha reconocido y la ha planteado para alcanzar acuerdos. Pero también tenemos estos grupos violentos, que son los que en Quito y en otras ciudades han generado actos que sobrepasan la racionalidad. A esos grupos se han unido radicales, como los asociados a organizaciones guevaristas y mariateguistas, que han sido identificados; estudiantes violentos y líderes de los comités de la revolución ciudadana, en barrios especialmente periféricos, como Calderón, donde se han asentado con acciones terroristas como templar cables en las principales vías, como la Ruta Viva o la Mitad del Mundo, donde ya tuvimos motociclistas que casi fueron degollados con esos cables; la utilización de explosivos; y delincuentes comunes, que quieren aprovechar estos momentos de caos, y que pretenden con cierres extorsionar a la gente en las vías.
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Insistió en que como el presidente Lasso lo ha manifestado, en términos de democracia para llegar a consensos y evitar los niveles radicales de violencia, que “están relacionados con esta supuesta protesta social, que va más allá y que ya se ha identificado claramente que tiene intereses políticos, para romper la democracia”, expresó el Secretario de Estado, y ratificó que la Policía Nacional, conjuntamente con las Fuerzas Armadas, cumpliendo con la ley continuará haciendo todos los esfuerzos para proteger libertades y derechos de los ciudadanos, para mantener el orden público e identificar a los responsables de los delitos, y ponerlos a órdenes de la justicia. Pero también para proteger la democracia.
“Atrás de esto no están solamente las personas que se miran en las calles, sino atrás están intereses absolutamente ligados a economías criminales y el crimen organizado”, expresó
