El Alcalde de Quito, Santiago Guarderas, emitió un pronunciamiento luego de la convocatoria de la Asamblea Nacional para una sesión este 20 de junio con el fin de debatir la posible derogación del estado de excepción firmado por Decreto Ejecutivo.

En una misiva dirigida al presidente del Legislativo, Virgilio Saquisela, el Burgomaestre indica que: “responsabilizo a los Asambleístas que apoyen esta pretensión, por las consecuencias que podría traer para la paz y la seguridad de los habitantes de la ciudad y la conservación de su patrimonio”.

Añade que “lamentablemente, podría llevarnos a un escenario similar o de mayor magnitud al que vivimos en octubre de 2019. Espero que los Asambleístas, y especialmente los de la provincia de Pichincha, actúen con coherencia y en favor de la capital de todos los ecuatorianos”.

Guarderas aspira que la propuesta de revocatoria del Decreto Ejecutivo No. 455 “sea analizada con espíritu cívico y patriótico”.

Previo a ello, el Alcalde expone como antecedentes la serie de actos violentos que han puesto en riesgo la paz y seguridad de sus habitantes y de sus bienes públicos y privados.

Además destaca que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, dentro del marco de sus competencias, ha garantizado la prestación de los servicios públicos, con la utilización de todo su contingente operativo.

Por ello es que solicitó al Gobierno Nacional que reforzara la seguridad de Quito, y dispusiera que todo el personal y recursos que sean necesarios de la fuerza pública salvaguarden la ciudad y que si fuese necesario, evaluar a pertinencia de declarar el estado de excepción para el Distrito.

Mediante Decreto Ejecutivo No. 455, el presidente Guillermo Lasso declaró el estado de excepción por grave conmoción interna en las provincias de Cotopaxi, Pichincha e Imbabura. De hecho, el artículo 3 del citado Decreto declaró a Quito como zona de seguridad.

Pronunciamiento de Saquisela

En rueda de prensa ayer, Saquisela pidió que en la misma sesión del pleno -para debatir la posible derogación del estado de excepción- se analice una resolución que busca convocar de manera inmediata a una mesa de diálogo al presidente Lasso y a los dirigentes del paro nacional indefinido contra la política económica del Ejecutivo.

Aseguró que la petición de derogación ha sido firmada por 72 de los 137 legisladores que integran el pleno de la Asamblea y que se han cumplido con las formalidades legales, por lo que su tratamiento es un imperativo.

Precisó que la sesión de debate tendrá lugar la tarde del lunes en el Palacio Legislativo, en el centro-norte de Quito, que también sería al sede de la mesa de diálogo sugerida por él y a la que, según dijo, “nadie” en el Legislativo debería oponerse.