Una vez concluido el allanamiento en las instalaciones de la Casa de la Cultura, no se incautaron indicios ni se registraron detenidos. Así lo informó la Fiscalía General del Estado. Mientras que desde la Sede se emitió un comunicado en el que se recalcó que no se halló “ningún rastro de armamento”.
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“Tras la inspección de la Fiscalía no se ha encontrado ningún rastro de armamento al interior de la institución. Por el contrario, bajo la declaratoria de estado de excepción se ha pretendido violentar el derecho de cientos de artistas y gestores que habitan este espacio histórico del quehacer cultural”, se reseña en la misiva.
La Casa de la Cultura rechazó el allanamiento, acción que calificó como una “violación de autonomía conferida no solo por la naturaleza de las funciones a ella encomendadas sino, además, por la trayectoria de servicio público que en algo más de siete décadas”.
Aunque reconocen que el estado de excepción permite a la Policía haga requisición de bienes instituciones. Justamente, en el Decreto Ejecutivo º455 se indica que “las requisiciones se harán en casos de extrema necesidad y en estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico aplicable para esta situación”.
Sin embargo, la Casa de la Cultura sostiene que las requisiciones deben ejecutarse de manera controlada por las instituciones del Estado. “No puede ser desproporcionado, ni violentar otros tipos de derechos fundamentales. La Casa de la Cultura(...) guarda además piezas patrimoniales invalorables que podrían verse afectadas por la intromisión de las fuerzas policiales”.
Por ello hace un llamado a la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, artistas, gestores y trabajadoras y trabajadores de arte y la cultura a estar vigilantes de lo que pueda suceder en la Casa de la Cultura.
De su lado, la Fiscalía sostiene que el tras el allanamiento a la Casa de la Cultura, se entregaron las instalaciones en las mismas condiciones en las que se las encontró.
