El Ministerio del Interior aclaró que la Policía Nacional entregó el parte policial, sobre la detención de Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), “en el plazo que le confiere la Ley”. Esto luego que la Fiscalía General del Estado dijera en primera instancia que no recibió el documento de aprehensión y una hora después confirmara que sí.
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“El policía que levantó el parte, entregó el documento de manera personal, a primera hora de la mañana”, se indica en Twitter. Se añade en un comunicado que Iza fue aprehendido en flagrancia -en horas de la madrugada de hoy- obstruyendo la Panamericana E35.
“Desde allí dirigía e impulsaba acciones para el recrudecimiento y radicalización y la violencia (...) Tras ser detenido se leyeron sus derechos para ser puesto a las órdenes de las autoridades judicial. Para lo cual, la Constitución y la ley conceden 24 horas”, indica la misiva.
Sostiene entonces que “el responsable del operativo elaboró el parte en la madrugada y lo entregó personalmente en Fiscalía a primera hora de hoy (...) Deberán actuar con todo el rigor de la ley y la Constitución”.
Aseveran que no se permitirá que el vandalismo y la violencia se tomen el Ecuador. “Nuestro respaldo a la Policía Nacional y a los que participaron en el operativo de detención”.
Desde la Unidad de Flagrancia en Quito, Lenin Sarsoza, abogado de Iza, dijo que presentó un recurso de habeas corpus para liberarlo.
“El habeas corpus deberá ser resuelto de manera inmediata (...) Estamos enfrentando una detención ilegal e ilegítima. Es una violación grave al debido proceso”, declaró a los medios el abogado.
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Iza fue detenido en el sector de Pastocalle, en donde había participado del corte de la E-35, la carretera Panamericana. Según se pudo conocer, en el punto se le leyeron sus derechos, tanto en quichua como en español y se le mencionó que estaba siendo capturado por los supuestos delitos de rebelión y paralización de servicio público.
El artículo 336 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece una pena privativa de libertad de cinco a siete años por el delito de rebelión. El artículo 346 del COIP determina una sanción con pena privativa de libertad de uno a tres años por la paralización de servicio público.
En ese momento, la Policía Nacional aseguró que Iza fue detenido, por la “presunción de comisión de delitos. Al momento se encuentra en sala de aseguramiento temporal, para audiencia de calificación de flagrancia”.
