Un hombre se convierte en el primer notificado por porte ilegal de arma blanca en Quito, durante un operativo ejecutado en la estación Río Coca de la Ecovía.
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El ciudadano tenía en su poder una navaja, y al no poder justificar que el objeto sea utilizado en su actividad laboral, la autoridad emitió un acto de inicio para el procedimiento administrativo sancionador.
¿Cómo se procede?
El ciudadano que es notificado tiene 10 días hábiles para explicar el por qué tenía en su poder esa arma y allanarse, si fuera el caso, al proceso sancionatorio que es el pago de una multa del cincuenta por ciento del salario básico unificado (USD 212,50).
Si la notificación se trata del espacio público y si es en el caso del transporte público, la multa es el ciento por ciento del salario (USD 425), según la Ordenanza sobre la prohibición de portar armas blancas en Quito.
Se entiende por armas blanca todos aquellos elementos cortantes, punzantes, corto punzantes y corto contundentes tales como cuchillos, navajas, puñales, puñaletas, punzones, manoplas, cachiporras, machetes, garfios, leznas, mazos, hachas, cortaplumas, patas de cabra, estoques, dagas, sables, espadas o cualquier otro objeto con características similares, que puedan ser utilizadas como armas de carácter defensivo u ofensivo para amenazar, lesionar o quitar la vida a las personas, según el artículo 478 del Código Orgánico Integral Penal.
Hasta el momento, la Coordinación de Seguridad de la Empresa de Pasajeros de Quito, junto al Ejército Ecuatoriano, Policía Nacional, Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano de Quito han efectuado 33 operativos de control de armas y sustancias sujetas a fiscalización. Se ha logrado incautar decenas de armas cortopunzantes, así como diversos tipos de drogas y utensilios para el consumo de estupefacientes.
Además, solo entre mediados de mayo y principios de junio se detuvo alrededor de 16 personas que se encontraban cometiendo delitos de hurto al interior de las unidades de Trolebús y la Ecovía. Estos ciudadanos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales para la aplicación de las sanciones respectivas.
