Por fin la novela entre la “mayoría” del pleno Legislativo y Guadalupe Llori llegó a su fin. Este martes 31 de mayo se destituyó con 81 votos a favor a esta funcionaria, quien desde este miércoles ya es la expresidenta de la Asamblea; el cargo lo asumió Virgilio Saquicela.
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La destitución de Llori contó con el apoyo de legisladores del Movimiento UNES (afín al exmandatario Rafael Correa), el conservador Partido Social Cristiano (PSC) y disidentes de la socialdemócrata Izquierda Democrática (ID) y de Pachakutik (PK), este último dividido en facciones que apoyan y rechazan a la destituida.
Los asambleístas del movimiento oficialista CREO, que lidera el mandatario centroderechista Guillermo Lasso, quien ha apoyado activamente a Llori, no acudieron a la sesión del pleno.
El nuevo presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, convocó para este miércoles a reanudar la labor legislativa e hizo un llamamiento para que la institucionalidad de esa función del Estado sea respetada.
Primera Ley que tratará de aprobar
El día viernes (03 de junio) se dispondrá la convocatoria a las 10:00 para el Uso Progresivo de la Fuerza que tiene que ser conocido. Al país le interesa el pragmatismos, es decir que cumpamos nuestra función de legislar y fiscalizar.
El proyecto plantea que policías, militares o guías puedan usar armas letales cuando sus vidas estén en peligro. La ola de inseguridad del país presiona a la Asamblea Nacional.
Reacciones
El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, tildó este miércoles de “ilegal” la destitución anoche de la presidenta de la Asamblea Nacional (Parlamento), Guadalupe Llori, acusada de incumplir sus funciones y de permitir el desprestigio de la Cámara.
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“Se ha consumado una ilegalidad más en la Asamblea Nacional. Legisladores de diferentes bancadas han decidido incumplir las medidas cautelares dictadas por juez competente y destituir a la Presidenta Guadalupe Llori Abarca”, señaló en un comunicado colgado en Twitter la madrugada de este miércoles.
Y agregó: “este acto arbitrario afecta no solamente a la institucionalidad del Parlamento sino a la estabilidad política del país”
