La semana pasada finalizó con el ajusticiamiento indígena de tres presuntos delincuentes en la comunidad Puerto Alegre, en Otavalo. El video más difundido fue el de un carro en llamas, que era el vehículo donde se transportaban los capturados (un auto plateado con placas alteradas). Tres serían los sospechosos, entre ellos una mujer, los que fueron juzgados por la ley popular. El castigo fue transmitido por medios de comunicación locales.

Según los comuneros, las personas que fueron atrapadas estarían involucradas en el hurto de un teléfono celular, sustraído de la mochila de uno de los moradores del sector. Además, los malhechores también intentaron disparar a los captores y habrían amenazado de muerte a otros habitante en anteriores ocasiones.

Luego de que fue quemado el vehículo, en las imágenes grabadas se pudo observar cómo las personas los llevaron hasta el Parque Bolívar para hacer publica la pena. Los dejaron en paños menores y procedieron a ser azotados con ortiga. Los antisociales se lamentaron mientras la planta rosaba su piel. Después, les bañaron en agua fría.

“Nos arrepentimos de todo”, gritaba adolorido uno de los apresados, mientras los moradores le increpaban por su actuar delincuencial y lo amenazaban con proseguir con el correctivo si no hablaba frente a los medios.

El cómplice también fue obligado a pedir perdón públicamente: “No me van a volver a ver por aquí. Ya no voy a andar en estas andanzas. Voy a trabajar. Si van robar, no vengan por estas tierras que la gente es brava”. La mujer, por su parte, pidió disculpas y agradeció a los justicieros por la sanción que le sirvió como ejemplo para ya no cometer este tipo de delitos.

Los comuneros de la zona se encargaron de realizar el juicio popular: “A cualquier comunidad que ustedes ingresen serán quemados o enterrados vivos. Así acabaremos con los delincuentes”. Luego procedieron a entregarlos a las autoridades competentes, quienes les aseguraron que la mujer tenía antecedentes y boleta de captura.

¿La Policía Nacional podía intervenir?

Miembros de la Policía Nacional supervisaron el acto, que fue acompañado por una gran multitud. Según el artículo 171 de la Constitución, las autoridades de cada comunidad aplicarán normas y procedimientos propios para solucionar conflictos internos, siempre y cuando no se vaya en contra de los Derechos Humanos y el libro de las leyes del Ecuador.