La Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador envió este viernes a la Cancillería el expediente con la solicitud de extradición del expresidente Rafael Correa, condenado en 2020 a 8 años de cárcel por cohecho y quien se encuentra en Bélgica, donde obtuvo, según su defensa, asilo político.

El proceso de solicitud de extradición del exmandatario se inició el 21 de abril, según anunció un día después el entonces presidente de la Corte, Iván Saquicela.

Diez jueces del alto tribunal ratificaron la decisión, que supone un paso más encaminado a que el exmandatario cumpla los 8 años de prisión y 25 de inhabilitación política (no pudo postularse para las elecciones de 2021) a los que fue condenado en una sentencia en firme dictada por la Justicia ecuatoriana en septiembre de 2020.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador deberá ahora tramitar la reclamación judicial ante el Gobierno belga, conforme al convenio de extradición ratificado con ese país en 1887, además de la legislación y tratados internacionales posteriores.

La Cancillería confirmó este viernes, en un comunicado, la recepción del expediente enviado por la Corte “debidamente traducido al idioma francés”.

Y anotó que “cumplirá con la disposición del poder judicial, así como con las normas establecidas en la Ley de Extradición vigente y remitirá de inmediato los documentos apostillados a través de los canales diplomáticos a la autoridad judicial del Reino de Bélgica para el proceso correspondiente”.

Sin embargo, el abogado de Correa, Christophe Marchand, aseguró a comienzos de mayo que el Gobierno de Bélgica rechazó extraditar al expresidente, a quien, según su defensa, el país europeo le concedió asilo político.

EL CASO “SOBORNOS”

Correa fue condenado por cohecho agravado en el caso “Sobornos 2012-2016″, una trama en la que se recibieron aportes indebidos en el palacio presidencial de Carondelet para la financiación irregular del movimiento oficialista Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a empresas, entre ellas, la constructora brasileña Odebrecht.

En ese mismo caso de corrupción fue condenada una veintena de personas, entre ellas exaltos funcionarios como el exvicepresidente Jorge Glas, quien está en prisión.

Según el dictamen del caso, Ecuador debe recuperar 14,7 millones de dólares por concepto de daños materiales e inmateriales.