Un habeas corpus a favor del líder de la subcélula R7, alias Anchundia, provocó una nueva masacre en la cárcel de Santo Domingo durante la madrugada de este 9 de mayo de 2022. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, mencionó que de forma preliminar hay dos fallecidos y cinco heridos pero entregará en las próximas horas las cifras exactas. Además, se confirmó que 80 reos fueron recapturados tras el amotinamiento.
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El titular de la cartera de Interior explicó que las víctimas son producto de un nuevo enfrentamiento entre Los Lobos y R7 que el mes pasado protagonizaron una masacre en la cárcel de Turi, en Cuenca que dejó 20 reclusos fallecidos y al menos otros 10 heridos.
Durante este nuevo motín en Santo Domingo de los Táchilas, que comenzó entre las 2:30 y 3:00, hubo alrededor de 80 reos que intentaron fugarse de la prisión pero que pudieron ser recapturados por las fuerzas de seguridad en los cercanos externos del centro penitenciario.
Para controlar la situación, la Policía Nacional ha enviado agentes en apoyo a los guardias penitenciarios del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI), organismo encargado de las prisiones en el país.
Según el ministro del Interior, las fuerzas de seguridad ya tienen bajo control los pabellones de mínima y de media seguridad, pero no el de máxima seguridad.
Carrillo anticipó que, una vez se tenga toda la cárcel bajo control, se hará un minucioso registro de las instalaciones como ya ocurrió en el episodio acontecido recientemente en Cuenca, donde se hallaron armas de fuego, entre ellas varios fusiles de asalto y armas automáticas.
“Estamos controlando y disponiendo algunas acciones para que no se desate una violencia en el resto de centros (penitenciarios)”, añadió el titular de Interior, quien también anticipó que los cabecillas de las bandas implicadas serán trasladados a la cárcel de máxima seguridad de La Roca, en la costera provincia de Guayas.
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En Ecuador, cerca de 400 reos han muerto en los últimos dos años en enfrentamientos entre organizaciones rivales vinculadas con el narcotráfico que se disputan el control interno de las cárceles y que cuenta con ramificaciones dentro y fuera de los centros penitenciarios, según las autoridades.
Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe sobre la crisis carcelaria de Ecuador en el que instaba al Gobierno a recuperar el control interno de las cárceles, dar condiciones dignas a los presos y elaborar una políticas de prevención del delito donde no prime el encarcelamiento.
Hasta finales de 2021 había más de 36.000 reclusos en 36 centros, entre prisiones y centros de rehabilitación social, cuya capacidad es de 30.000, aunque el hacinamiento llegaba al 62 % en cárceles como la de Guayaquil, la más poblada del país con 7.231 reos y escenario de los episodios más sangrientos vividos el año pasado.
Para solucionar la crisis carcelaria, el Gobierno del presidente, Guillermo Lasso, está en vías de contratar a 1.400 nuevos agentes penitenciarios, conceder alrededor de 5.000 indultos a presos condenados por delitos menores y desarrollar la primera política del país de derechos humanos hacia la población penitenciaria
