El Gobierno de Perú planteó la aplicación de “medidas drásticas”, como la castración química, contra los violadores de menores, tras la conmoción que ha causado en el país una agresión contra una niña de 3 años, informó este sábado el presidente Pedro Castillo.
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“Basta ya de tanta violencia, los crímenes de violencia sexual contra los niños y niñas no serán tolerados por este Gobierno, ni quedarán impunes. El dolor de esta familia también es el nuestro, me siento indignado ante tanta crueldad”, afirmó Castillo en un comunicado difundido por la Presidencia peruana.
El gobernante enfatizó que “este hecho atroz e inhumano”, producido en la ciudad norteña de Chiclayo, “lleva a una enorme reflexión como país para adoptar políticas públicas de Estado más severas que salvaguarden los derechos humanos de los más indefensos”, en referencia a los menores de edad.
“La castración química es una opción, no podemos esperar más”, enfatizó antes de indicar que, para ser aplicable, esta medida deberá ser incluida en el Código Penal, previa aprobación por el Congreso.
Castillo dijo que medidas similares ya se aplican en países como Rusia, Polonia, Corea del Sur, Indonesia y Moldavia, así como en siete estados de los Estados Unidos.
“Exhortamos al Congreso de la República a respaldar medidas concretas en favor de los más vulnerables, porque no podemos seguir tolerando estos violentos hechos que dañan nuestra integridad como sociedad y destruyen la vida de indefensos”, agregó.
La Presidencia peruana precisó que la castración química consiste en administrar medicamentos que reducen la libido e inhiben el deseo sexual y se usa como “un método de prevención contra las agresiones sexuales, y también como castigo para los que cometen crímenes de esta índole”.
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El secuestro y violación de una niña de tres años en Chiclayo, la capital de la región Lambayaque, provocó la indignación y rabia de miles de ciudadanos que salieron el último jueves a las calles de Lima y otras ciudades para pedir justicia para la menor.
La pequeña fue reportada por sus familiares como desaparecida el pasado 12 de abril y este miércoles la Policía Nacional la encontró y detuvo al presunto culpable del abuso, un hombre 48 años, que fue acusado de la presunta comisión de los delitos de violación sexual y secuestro de una menor de edad.
La Fiscalía de la Nación comunicó el jueves que se han dictado nueve meses de prisión preventiva contra el detenido y sostuvo que “el imputado recibiría la pena máxima de cadena perpetua”.
