Una nueva masacre se registró en la madrugada de este domingo en la cárcel de Turi en Cuenca. Hasta el momento, se han movilizado 800 militares y policías para controlar el motín que hasta el momento se habla de 11 reos asesinados y 10 heridos. Sin embargo, el ministro del Interior, Francisco Carrillo, indicó que dará una rueda de prensa para informar sobre la situación.
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El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI) informó este domingo que activó los protocolos de seguridad ante “alteraciones” al orden registradas. En redes sociales circularon videos de lo sucedido en la madrugada, gritos desgarradores, de los reos, colgados en las mallas, pidiendo ayuda a la Policía que se encontraba en los exteriores del centro, por sus vidas, ya que en el fondo se escuchaban disparos y detonaciones.
Se desconoce aún el tipo de incidente ocurrido o la posible existencia de víctimas, pero extraoficialmente se habla de 11 reos fallecidos.
De su lado, la Policía indicó que, en coordinación con el SNAI y las Fuerzas Armadas “ha desplegado unidades especializadas, para ejecutar acciones de control ante posibles incidentes” en la mencionada prisión. Ante los acontecimientos en el centro de privación de la Libertad, el ministro de Gobierno, Patricio Carrillo, señaló que “el Gobierno ejercerá las acciones para contener la irracionalidad y radicalismo dentro de los centros”.
Añadió que el SNAI “no descansará hasta tener una política de dignidad en el sistema de rehabilitación”.
CRISIS CARCELARIA
En marzo pasado, Amnistía Internacional (AI) mencionó en su informe anual que, al finalizar 2021, al menos 316 reos habían muerto en enfrentamientos entre bandas rivales registrados dentro de las cárceles de Ecuador, en varios episodios que sacudieron la conciencia nacional por la crueldad de los asesinatos.
Del total de asesinatos ocurridos en las cárceles ecuatorianas, 79 habían tenido lugar el 23 de febrero de 2021, 119 el 28 de septiembre y 62 entre el 12 y 13 de noviembre, masacres atribuidas por el Gobierno a la disputa entre bandas del narcotráfico, que tendría relación con carteles de la droga de Colombia y México.
“Las muertes ocurrieron en un contexto de hacinamiento, negligencia e inacción a la hora de garantizar los derechos humanos de la población reclusa”, remarcó por su parte Amnistía Internacional.
