El presidente Guillermo Lasso no se plantea de momento recurrir a la “muerte cruzada”, una figura contemplada en la Constitución nacional que permite al mandatario disolver la Asamblea Nacional (Parlamento) a cambio de gobernar con decretos hasta que se celebren elecciones generales adelantadas.

Así lo aseguró este lunes el asesor y portavoz presidencial Carlos Jijón en una conferencia de prensa, en la que se le preguntó por la posibilidad de que el Gobierno tomara la vía de la “muerte cruzada” después de que la oposición le tirara abajo en el Legislativo la Ley de Inversiones, un proyecto normativo emblema de su gestión.

“La muerte cruzada es una herramienta constitucional de última instancia, cuando haya una grave crisis política que amenace la institucionalidad. El Gobierno considera que no se ha llegado a ese momento y que tiene herramientas suficientes para seguir gobernando y luchar contra la corrupción”, afirmó Jijón.

“La muerte cruzada está finalmente en manos de la Asamblea Nacional. Si la Asamblea incurriese en un acto desestabilizador o que amenace grave e irremediablemente la institucionalidad y la democracia, el Gobierno tiene en su mano la herramienta de la muerte cruzada”, detalló.

CONSULTA POPULAR EN EVALUACIÓN

Jijón apuntó que el Ejecutivo aún no ha evaluado si llevará a consulta popular la Ley de Inversiones así como la reforma laboral que también quiere impulsar, pues sobre el primero no puede volver a presentar una iniciativa legislativa sobre la misma materia ante el Parlamento hasta pasado un año.

“Esto es lo más lamentable del tema. Se le ha cerrado al país la posibilidad de discutir y acordar una ley que permita inversiones que generen dos millones de empleos. Los legisladores que votaron en contra del proyecto tienen que responder ante la opinión pública y la historia”, aseveró.

La votación de la Ley de Inversiones evidenció la dificultad que Lasso, de tendencia conservadora, tiene para sacar adelante en el Parlamento las líneas maestras de su mandato, pues se encuentra en clara minoría en la Asamblea, dominada por la centro-izquierda.

Con la Ley de Inversiones, el gobernante aspiraba a atraer unos 30.000 millones de dólares en sectores como el petrolero, minero, energético, telecomunicaciones e infraestructuras, donde se ejecutarían proyectos bajo el esquema de la asociación público-privada, al que se le quería dar un fuerte impulso.