A partir de las 09:30 el pleno de la Asamblea Nacional se reunirá para votar y definir el plazo que se establecerá en la ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación.

70 votos se necesitan para que la ley sea aprobada y de esta manera pase al Ejecutivo para su respectiva evaluación. Sin embargo, el panorama es incierto ya que la mayoría de las bancadas han manifestado que no votarán orgánicamente.

Por parte de la Comisión de Justicia se plantea la interrupción del embarazo hasta las 16 semanas de gestación (cuatro meses); excepción en mujeres de ruralidad y pueblo indígenas donde el plazo se extiende a las 18 semanas (cuatro meses y medio).

Por su parte, la legisladora Johanna Moreira (Izquierda Democrática /ID)presentó la moción de dividir la votación en dos bloques. Es decir, que se separe el artículo 19 (referente a los plazos).

Postura de las bancadas

Pachakutik, Unión por la Esperanza, Partido Social Cristiano y algunos independientes han dejado en libertad a sus asambleístas para votar según su criterio. Por su parte, ID respaldó el ifnrome rpesntyado por la comisión de Justicia.

Marlon Cadena, coordinador de la bancada de la Izquierda Democrática, manifestó que unánimemente se sumarán al informe de mayoría presentado por la Comisión de Justicia en función de los derechos de las víctimas, de las niñas, adolescentes y mujeres; aunque destacó que hay dos solicitudes de legisladores que pidieron que se los libere de la disciplina partidista.

Postura de organizaciones

Organizaciones feministas han rechado dos informes presentados por la Comisión de Justicia de la Asamblea- Han extablecido que ejecutarán un plantón contra la clandestinidad y la maternidad forzada desde las 08:00.

En una misvia explican que el 88% de casos que las organizaciones han acompañdo no habría podido acceder con los plazos estipulados (18 semanas). Indican que este tiempo impisiblida el acceso real a interrupciones legales a las víctimas más vulenrables.

Advierten que demandarán al Estado ecuatoriano por cada caso de maternidad forzada. Lo harán tanto en instancias nacionales como internacionales.