La Fiscalía General dirigió la noche de este martes una operación de allanamiento a la sede del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), sumido en una disputa política por la dirección del organismo estatal.
PUBLICIDAD
En su cuenta de Twitter, la Fiscalía indicó que la operación obedeció a un “acto urgente” para recoger evidencia sobre un supuesto delito de acceso ilegal al sistema informático de la entidad.
“A través de un acto urgente, Fiscalía allana las oficinas del Cpccs para recabar evidencia documental, física y digital, tras haber recibido una denuncia por un presunto delito de acceso no consentido a sistemas informáticos”, precisó el Ministerio Público.
El allanamiento, en el que participaron unidades especiales de la Policía, se produjo en un momento en que la jefa del Consejo, Sofía Almeida, quien fue recientemente removida por consejeros opuestos a su gestión, se encontraba en el despacho de la Presidencia de la entidad en una demostración de rechazo a la acción que la sacó del cargo.
En declaraciones difundidas a través de la red social, Almeida indicó que la Policía y agentes fiscales han ingresado en las oficinas del departamento de informática, junto a empleados que apoyan al consejero Hernán Ulloa, con quien mantiene la pugna por la presidencia del organismo.
Almeida precisó que le han impedido el ingreso, pese a que no ha perdido su calidad de consejera, lo que le faculta a vigilar que todo esté en orden en las dependencias de informática del Cpccs.
El pasado 9 de febrero Almeida fue removida de su cargo por consejeros opuestos a su gestión y afines al oficialismo, en una polémica acción que ella describió como “injerencia” de otras funciones del Estado en el Cpccs.
PUBLICIDAD
Hernán Ulloa y otros tres consejeros la removieron en una sesión en la que él pudo ingresar en la sede de la institución con la ayuda de policías que acordonaron el edificio.
El Cpccs que, entre otras facultades, designa a las autoridades de los organismos de control, representa a una función independiente del Estado ecuatoriano.
Tras conocer de su remoción, Almeida, en un comunicado público, rechazó las “injerencias externas” y deploró que la Policía haya apoyado la ocupación por la fuerza de la sede del organismo.
