Gobierno de Ecuador demanda uso de fuerza para encarar la crisis carcelaria

Gobierno de Ecuador anunció este lunes que aprobará unas normativas para que la fuerza pública pueda garantizar el uso progresivo de la fuerza, con el objetivo de encarar asuntos como la crisis carcelaria, que el pasado sábado dejó más de sesenta reos muertos en un centro penitenciario de Guayaquil.

En un mensaje a la nación, el presiente Guillermo Lasso, dijo que para garantizar que “la fuerza pública cuente con las herramientas necesarias para la defensa ciudadana y el control de los sistemas carcelarios”, se aprobarán “normas para el uso progresivo de la fuerza”, que no explicó.

Algo similar ya fue negado en mayo pasado por la Corte Constitucional, que declaró como ilegal un reglamento para el uso progresivo, racional y diferenciado de la fuerza por parte de soldados y que fue presentado durante el Gobierno del expresidente Lenín Moreno, antecesor de Lasso.

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El actual mandatario, que ha recogido muchas de las estrategias de Moreno, dijo que también atacará la raíz del problema carcelario: las mafias del narcotráfico que intentan controlar el sistema penitenciario.

”Ellos no podrán seguir eludiendo sus responsabilidades penales, escondiéndose detrás de sus secuaces” y, por ello, en la normativa penal se propondrá la tipificación del nuevo delito de “autoría por dominio de organización”, por el que los jefes mafiosos “pagarán por los delitos que ordenen cometer”.

Y es que según Lasso, el Estado, en la crisis carcelaria, ya no se enfrenta a delincuentes comunes, sino “a los más grandes carteles de la droga de todo el mundo, que han visto cómo aquí, hasta hace algunos meses, podían operar sin mayor resistencia”.

Se trata de “grandes organizaciones con modernas infraestructuras, sofisticadas armas, complejas plataformas tecnológicas y respaldadas por un músculo económico que rivaliza con los presupuestos de seguridad de muchos estados”, apuntó el mandatario.

Y pese a que las autoridades militares han advertido de un desperfecto mecánico como causa de una avería en un radar militar antidrogas instalado recientemente en la provincia costera de Manabí (oeste), Lasso insistió en que se trató de un “sabotaje” que tendría una supuesta relación con la acción de los carteles de la droga.

”Yo mismo asumiré la coordinación nacional de las fuerzas del orden”, mientras que la seguridad ciudadana pasará a ser “la prioridad número uno del despacho presidencial”, afirmó el gobernante.Destacó la operación militar y policial desplegada este lunes en torno a la Cárcel Número 1 de Guayas, conocida como “La Penitenciaría de Guayaquil”, escenario de la masacre del pasado sábado.”

Las fuerzas del Estado estarán presentes de manera indefinida en dicho centro carcelario para ejecutar acciones de control de accesos, de los perímetros externo e interno, y todo lo necesario para imponer el orden”, aseguró el mandatario.Asimismo, dijo que ha decidido reorientar el liderazgo en algunas instituciones y que, por ello, nombró al general Fabián Fuel como nuevo Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y a Luis Burbano como comandante general del Ejército.

Además, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) volverá a estar liderado por Fasuto Cobo, que ya dirigió el organismo en septiembre y que lo dejó para ocuparse del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES).

”Ellos cuentan ya con mi más firme respaldo para ejecutar cada una de las estrategias necesarias a fin de recuperar control de las cárceles”, afirmo Lasso que llamó a la unidad de los ecuatorianos para encarar los desafíos del Gobierno.

El gobernante dijo estar seguro de que los esfuerzos de su gobierno contra la inseguridad “trascenderá fronteras” y dijo que en el combate al narcotráfico cuenta con el apoyo de países como Estados Unidos, Israel, Colombia, Reino Unido y España, y de organizaciones internacionales como Naciones Unidas y la Unión Europea.

Lasso agradeció la visita que efectuará al país una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuyos comisionados “tendrán total apertura para esclarecer, con absoluta independencia, la verdad” de los hechos acontecidos en las cárceles ecuatorianas.