Declaraciones del gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, han puesto en evidencia la falta de guías penitenciarios en la Cárcel de Varones No. 1 de Guayaquil conocida como la penitenciaría del Litoral, pues son solo 80 los guardias que deben controlar ese recinto, donde están recluídos más de 8.000 reos.

El 70% de ellos no tiene una sentencia ejecutoriada, dice el Gobernador, quien, además, manifestó en entrevista con este medio que el Gobierno combate el hacinamiento carcelario de tres formas: con el traslado de internos a otros penales, con indultos y con la deportación de presos extranjeros.

“Los agentes penitenciarios están desarmados”, dicel el Gobernador del Guayas, además, deben enfrentar a bandas que “han logrado camuflar y meter armas en ese recinto penitenciario”.

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Estas bandas criminales se disputan territorios al interior y al exterior de la cárcel, así como los favores de cárteles mexicanos (Sinaloa y Jalisco Nueva Generación) y la distribución de estupefacientes dentro y fuera de Guayaquil.

¿Por qué los guías penitenciarios no tienen armas?

Según en manual de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley que rige para el sistema carcelario de Ecuador, en su apartado ‘Vigilancia de personas bajo custodia o detenidas’ punto 16 detalla: “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en sus relaciones con las personas bajo custodia o detenidas, no emplearán armas de fuego, salvo en defensa propia o en defensa de terceros cuando haya peligro inminente de muerte o lesiones graves, o cuando sea estrictamente necesario para impedir la fuga de una persona sometida a custodia o detención que presente el peligro a que se refiere el principio 9″.

A esto se suma el temor en los policías de accionar en contra de los hechos delictivos, pues hay varios casos de policías detenidos o presos, porque han actuado en defensa propia y, producto de ello, se ha causado la muerte del delincuente.

“Muchos policías se ven obligados, practicamente, a no hacer nada para evitarse ser sentenciados por actuar en defensa propia”, dice.

Un caso ejemplo es el que se dio en Cuenca, luego de 2 años y 6 meses la Corte Provincial de Justicia declaró culpable a policías que el 31 de mayo del 2016 participaron del operativo requisa y golpearon a internos del Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Turi, por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio.

Arosemena sostiene que el gobierno ha adquirido un escáner para detectar el ingreso de este armamento al penal, que podría llegar a Ecuador antes de fin de año.