El vocero de la presidencia, Carlos Jijón, confirmó vía Twitter que el presidente del Ecuador Guillermo Lasso invitó a Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, y a los dirigentes del Parlamento de los Pueblos a continuar el diálogo.

La reunión se dará el próximo miércoles 10 de noviembre a las 17:00 en el Palacio de Carondelet. El diálogo se ha planteado para esa fecha ya que desde el 28 de octubre al 07 de noviembre el primer mandatario estará fuera del país.

El anuncio de Jijón se da tras dos días de movilizaciones donde se han registrado incidentes entre manifestantes y personal de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Según el último reporte de la ministra de Gobierno, Alexandra Varela, nueve detenidos han sido puestos en libertad mientras que se reportó que ocho policías resultaron heridos tras los enfrentamientos.

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Hasta la emisión de esta nota, las bases indígenas no han emitido una respuesta afirmativa a la invitación realizada por el presidente Lasso.

Movilizaciones

Ecuador vive desde el martes un estado de movilización social por el que los sindicatos y el movimiento indígena han exhortado a la ciudadanía a bloquear carreteras y manifestarse contra lo que consideran las políticas neoliberales del Ejecutivo de Guillermo Lasso y el alza de los combustibles.

En la jornada de hoy fueron bloqueadas vías en al menos nueve provincias, donde la Policía intervino para abrirlas y despejar a los manifestantes de las carreteras. Para la ministra, “el pueblo ecuatoriano ha demostrado un día más que quiere continuar trabajando” por el país, y en un balance de la jornada dijo que hubo “bloqueos intermitentes”, el peor caso al sur de Quito, en un cruce de la vía Alóag que conecta la capital con la ciudad de Santo Domingo, al oeste, y con la de Latacunga, al sur.

Estas interrupciones se dieron en una decena de carreteras de las cuales siete de ellas ya han sido despejadas. Sobre los enfrentamientos en algunos puntos, aseguró frente a denuncias de un uso excesivo de la fuerza que la Policía y las Fuerzas Armadas actuaron “de acuerdo a los derechos humanos” y que no se ha registrado “ningún efecto de afectación en los ciudadanos”. Ello pese a quejas de grupos sociales y hasta de una ONG que denunció un disparo a “quemarropa” con una bala de caucho contra un periodista.