Dieciocho días después de la fecha que ella había elegido para morir y tras una cancelación que se convirtió en un debate nacional en Colombia, un juez ha ordenado que se realice la eutanasia a Martha Sepúlveda, la mujer de 51 años que padece una enfermedad degenerativa.
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El fallo también obliga a que en las próximas 48 horas la clínica debe coordinar con Sepúlveda la fecha y la hora para reanudar el procedimiento.
El juzgado 20 civil de Medellín aseguró que la IPS Incodol vulneró el derecho de Sepúlveda a morir dignamente, la sometió a vivir una vida indigna y les ordenó a “cumplir con lo establecido por el comité científico interdisciplinario para morir dignamente, en acta emitida el pasado 6 de agosto del presente año, por medio de la cual, se le informa y reconoce a la tutelante, que cumple con los requisitos para ejercer su derecho a morir dignamente a través de la eutanasia”.
Sepúlveda iba a ser la primera mujer en Colombia en acceder a la eutanasia sin ser una paciente terminal, gracias a un reciente fallo de la Corte Constitucional, que extendió ese derecho a personas no terminales que por causa de ellas tengan “intenso sufrimiento físico o mental por lesiones corporales o enfermedades graves e incurables”.
Exultante, la mujer dio una entrevista al periodista Juan David Laverde, de Caracol Televisión y tras la noticia, que se hizo viral, un comité científico de la clínica decidió reversar la decisión que ya había autorizado.
La noche del viernes 8 de octubre, con una carta que deslizaron por la puerta de la casa donde viven Sepúlveda y su hijo, Federico Redondo, les anunciaban que se había cancelado el procedimiento. La clínica argumentó la enfermedad de Marta no había progresado en los últimos tres meses y que tenía una mayor expectativa de vida a la indicada antes. Sin embargo, un examen médico difundido por el portal La Silla Vacía reveló que tenía un mayor deterioro de la marcha y “había perdido fuerza en sus miembros superiores”.
La cancelación de última hora- precedida por un comunicado de la Iglesia católica pidiendo a la mujer reconsiderar su decisión- generó entonces un debate nacional que involucró a políticos y autoridades judiciales.
Con este fallo el juez reconoció también “que le corresponde a cada persona juzgar y definir qué tipo de sufrimiento considera incompatible con su idea de dignidad. Y no son los médicos, la opinión pública ni la iglesia los que determinan quién sufre más o menos”, dijo Lucas Correa, que pertenece al Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Desclab), que lleva varios casos de eutanasia.
