El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó a trámite las solicitudes de juicio político planteados en contra de Víctor Manuel Anchundia, superintendente de Compañías Valores y Seguros; Ruth Arregui Solano, superintendente de Bancos; Carlos Riofrío González, contralor General del Estado subrogante; e, Íñigo Salvador Crespo, procurador General de Estado.
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La decisión llegó después que se verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución y la ley. A estos funcionarios se les acusa de incumplimiento de funciones.
En este marco, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 78 y 79 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, los asambleístas Ricardo Vanegas y Luis Almeida, plantearon (en solicitudes separadas) el enjuiciamiento político en contra de Víctor Anchundia, Superintendente de Compañías, Valores y Seguros.
El legislador Darwin Pereira propuso el juicio político en contra de la Superintendenta de Bancos, mientras que el asambleísta Ronny Aleaga acusa al Contralor Subrogante y el asambleísta Ferdinan Álvarez al Procurador General del Estado.
Ahora, se notificará a la Comisión de Fiscalización para que se defina el orden en que tramitará la interpelación de los funcionarios.
Superintendenta de Bancos
La solicitud fue presentada por el asambleísta de Pachakutik Darwin Pereira. El legislador apuntó que Arregui tuvo ocho supuestos incumplimientos de funciones relacionadas con la falta de control en la operación de las instituciones financieras del país.
Indicó que durante la emergencia sanitaria por al covid-19 algunas instituciones del sistema financiero cobraron interés y valores que no estaban contemplados en la Ley Humanitaria. Por ende, impidió que los usuarios puedan acceder a la renegociación de sus deudas.
Además, se incluye el problema de ciberseguridad que registró Banco Pichincha. Para Pereira el problema afectó a cinco millones de personas que no lograron realizar sus transacciones.
