En Nueva York, hoy vence el último plazo dado a los trabajadores de la educación pública para que se inoculen la vacuna si quieren volver al trabajo.
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Sin embargo, quienes se oponen al mandato de las autoridades, tal y como ocurre en otras partes del país, se han lanzado en una campaña legal para intentar revertir la situación y que sea reconocido lo que consideran su derecho a no vacunarse.
”Nuestro caso sigue su curso en la Corte Suprema y continuamos luchando en nombre de nuestros miembros”, dijo a Efe Henry Garrido, el director ejecutivo de “Distrit Council 37″, el mayor sindicato de funcionarios públicos de la ciudad de Nueva York y que está luchando para que el Ayuntamiento retire su ultimátum.
La orden de vacunación ha sido paralizada en un par de ocasiones mientras los tribunales estudiaban la demanda, pero hasta el momento, los jueces se han inclinado a favor de la obligación de vacunarse.
En un mensaje por escrito, Garrido aclaró que, desde su organización, animan a sus miembros a vacunarse, aunque considera que imponer la vacuna por la “fuerza no es la solución” y propone, por ejemplo, que los colegios hagan “test semanales, si realmente quieren que todo el mundo esté seguro”.
INCENTIVOS ECONÓMICOS A LOS VACUNADOS
El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, defiende la medida en una ciudad convertida en el mayor foco de la enfermedad durante la primavera de 2019 y que encabezó durante mucho tiempo la lista de fallecimientos, con más de 55.000 en la actualidad.
Desde que se anunció por primera vez la imposición del mandato, el 21 de julio “la media de vacunaciones por día aumentó en un 45 por ciento, lo que significa 1.300.000 de dosis más, un gran impacto para salvar vidas”, dijo el pasado martes el regidor de la urbe en una rueda de prensa en la que insistió en que el 70 % de los neoyorquinos han recibido al menos una dosis.
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Tras el éxito inicial registrado al comienzo de la campaña de inmunización a principios de año en toda la ciudad, la cadencia se ralentizó con el paso de los meses, ante lo que las autoridades comenzaron a ofrecer incentivos económicos.
Desde billetes de tren gratuitos, hasta concursos para lograr becas universitarias completas, pasando por el pago de 100 dólares u otras muchas ofertas lanzadas también por el sector privado, todo era bueno para aumentar el ratio de vacunación.
”Si usted es un empleado del Departamento de Educación, tiene hasta el viernes a las cinco de la tarde para, al menos, recibir una primera dosis, la gran mayoría ya lo ha hecho” dijo el alcalde antes de advertir de que quien no lo haga “después de todo el aliento, todo el apoyo y todos los incentivos, asumiremos que no vendrá a trabajar el lunes por la mañana”.
Hoy trató de quitar hierro a los problemas que los recalcitrantes antivacunas (10 % del total de empleados de Educación) puedan crear en el sistema escolar con el argumento de que la ciudad dispone de suficientes sustitutos para no entorpecer el curso escolar.
Según las autoridades, las personas que no se han vacunado, no perderán, de momento, su trabajo, pero no se reincorporarán hasta que estén inmunizados y no cobrarán por los días no trabajados.
Antes de la conclusión hoy del plazo a los funcionarios de Educación, el lunes pasado venció otro ultimátum, el dado a los casi 50.000 empleados públicos del sector sanitario en la ciudad Nueva York, donde en torno a 5.000 no habían recibido ningún pinchazo.
El director del Sistema de Salud y Hospitales de Nueva York, Mitchell Katz, aseguró que había sido necesaria la contratación de 500 enfermeros para suplir a quienes habían optado por no inocularse la vacuna.
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