El magistrado Alexandre de Moraes, de la Corte Suprema de Brasil, incluyó este miércoles al presidente Jair Bolsonaro entre los investigados en un proceso sobre difusión de noticias falsas que atentan contra la democracia.
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La propia corte informó sobre la decisión del magistrado, que atendió una solicitud planteada por el Tribunal Superior Electoral (TSE) fundamentado en la campaña de descrédito que el líder de la ultraderecha ha desatado contra las urnas electrónicas usadas en los comicios que se celebran en Brasil desde hace más de dos décadas.
La investigación en la que ha sido incluido Bolsonaro comenzó en 2019 limitada a la difusión de noticias falsas a través de internet, pero hace dos meses pasó a centrarse en la posible existencia de los que han sido calificado de grupos «digitales antidemocráticos», en su mayoría de la ultraderecha que lidera el gobernante.
El pedido del TSE complementa otra decisión de la propia Justicia electoral, que decidió iniciar un proceso «administrativo» contra el mandatario después de que llegó a afirmar que si en 2022 no se retoman las votaciones mediante papeletas «no habrá elecciones».
Durante las últimas semanas, Bolsonaro también afirmó casi a diario que el presidente del TSE, Luis Barroso, también miembro del Supremo, «conspira» para consumar un «fraude» en 2022 en favor del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien encabeza todas las encuestas cuando faltan 14 meses para los comicios.
El mandatario reiteró esas declaraciones la víspera y este mismo miércoles, en una entrevista a una radio del interior del país en la que llegó a plantear «al servicio de qué intereses está Barroso».
Bolsonaro ha llegado a decir que su «pelea» es por la democracia y no contra las urnas electrónicas, sino contra el propio Barroso, a quien ha acusado de intentar impedir que prospere una enmienda constitucional propuesta por el Gobierno para retomar el voto en papeletas.
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Esa iniciativa está en trámite en una comisión de la Cámara de Diputados y plantea que, en paralelo al voto electrónico, se adopten también las papeletas a fin de que el sufragio «sea realmente auditable», lo que en su opinión no ocurre con el actual sistema.
Sin embargo, la propia Justicia electoral ha subrayado que todo el proceso de votación y recuento de votos electrónico es «seguro», que no ha sido objeto de una sola denuncia de fraudes desde 1996, cuando comenzó a ser usado, y que además es vigilado por todos los partidos políticos y observadores independientes.
