El Tribunal de Garantías Penales del Azuay sentenció a Manuel Pablo C. a 34 años y ocho meses de privación de libertad, luego de confirmarse su autoría en el asesinato de la joven Estefanny C., de 21 años.
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Según los resultados de las diligencias investigativas, Manuel Pablo C. agredió físicamente a la víctima hasta dejarla inconsciente y luego la estranguló con los cordones de los zapatos de ella.
El fiscal Pedro Panamá expuso que el cuerpo de la joven fue encontrado la noche del 29 de julio de 2019, en la parte posterior del Coliseo de Deportes del cantón San Fernando. Luego del análisis externo del cadáver, se verificó que presentaba huellas de violencia en el rostro y en la cabeza; además, alrededor del cuello tenía dos cordones.
Manuel Pablo C. estuvo prófugo durante un año, hasta que fue capturado en el cantón Chaguarpamba, en la provincia de Loja.
Fiscalía demostró la responsabilidad del acusado con los testimonios de dos personas que observaron conversando a la víctima y a Manuel Pablo C., horas antes del crimen. Además, estos testigos reconocieron las prendas de vestir que el ahora sentenciado vestía el día de los hechos y que fueron incautadas durante un allanamiento al domicilio de él y a un costado del cuerpo de la víctima.
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También fueron presentados los testimonios de los policías de Criminalística que efectuaron el levantamiento de las evidencias y de los agentes de la Dinased que realizaron un análisis telefónico, mismo que evidenció las conversaciones mantenidas entre la víctima y Manuel Pablo C.
Con el informe de una pericia de audio y video, realizada a las imágenes de una cámara de video vigilancia, quedó demostrado que el sentenciado y la víctima se dirigieron al lugar de los hechos y minutos más tarde, él regresó solo.
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A esto se sumó el informe de una pericia de genética forense, que concluyó que en las prendas de vestir del acusado se encontró perfil genético de la víctima.
La mañana de ayer, al término de la audiencia de juicio, la jueza ponente, Carmita Campoverde, también anunció que el sentenciado debe cancelar 208.000 dólares, como parte de la reparación integral a los familiares de la víctima.
