La Fiscalía justificó este martes, 23 de marzo, la demora en la asistencia al defensor del Pueblo, Freddy Carrión, quien ha solicitado que se le incluya en un sistema de protección a víctimas y testigos tras recibir amenazas de muerte por un informe sobre la represión de las protestas sociales en 2019.
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«Hasta la presente fecha ha sido imposible concretar las entrevistas con los solicitantes debido a la falta de disponibilidad en sus agendas», aseguró este martes la Fiscalía en un comunicado por redes sociales.
Reconoció que el pasado 10 de marzo, el Ministerio Público recibió la solicitud de protección, por lo que un agente fiscal se contactó con Carrión y su familia para «elaborar los informes técnicos y hacer los análisis de riesgo respectivos, previo a su ingreso» al sistema.
La Fiscalía recordó que la Constitución establece que el otorgamiento de protección «está sujeto al principio de voluntariedad, es decir que se requiere la cooperación de los solicitantes para gestionar su inclusión de manera oportuna».
El pronunciamiento se produjo poco después de que la Defensoría del Pueblo presentara a la Fiscalía un informe sobre las duras protestas de octubre de 2019 que dejó, según el organismo, seis personas muertas y más de dos centenares de denuncias de vulneración a los derechos humanos.
Y solicitó que la Fiscalía prohíba la salida del país del presidente Lenín Moreno y otros altos funcionarios del Gobierno, sobre quienes sospecha presuntos delitos de lesa humanidad durante esas protestas.
Además, sostuvo que, si la Fiscalía lo considera, «formule cargos de manera urgente» y requiera a un juez de la Corte Nacional de Justicia que dicte «las medidas cautelares personales previstas en la ley».
Según Carrión, a raíz del informe ha «recibido múltiples amenazas» contra su integridad física y la de su familia, por lo que insistió en que «resulta fundamental contar con protección especializada».
