La Fiscalía General del Estado ofreció más detalles este lunes sobre el denominado caso Querubín. En este fueron rescatados siete menores de edad que eran víctimas de agresiones sexuales en su círculo familiar.
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Tras el operativo, seis de los menores de edad cuentan con medidas de protección; tres sobrevivientes de violencia sexual están en acogimiento institucional. Mientras que tres con familia ampliada, lejos del círculo de violencia.
El operativo acabó con la detención de los progenitores, que respondían a ocho investigaciones previas por «agresiones sexuales sistemáticas y delitos conexos».
La operación se desarrolló en la madrugada de este domingo en el cantón Puerto Quito y se ejecutó simultáneamente en Quinindé (Esmeraldas), Santo Domingo (Santo Domingo de los Tsáchilas) y Lago Agrio (Sucumbíos).
Una de las adolescentes rescatadas tiene 17 años de edad biológica y doce de edad mental, según menciona el documento que precisa, además, que tenía una discapacidad intelectual del 60%, y física del 75 %. La niña era objeto de continuas violaciones por parte de su padre y hermano, indica el boletín del órgano fiscal.
Su traslado a una casa de acogida estuvo a cargo del Equipo de Género del Sistema de Protección a Víctimas y Testigos (Spavt) de la FGE, de la Dirección Nacional de Policía Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), y la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Puerto Quito.
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Previamente se le realizaron las pericias psicológicas y exámenes médico-legales correspondientes.
Funcionario judicial es procesado por presunto abuso sexual a su hija
Un padre se convirtió en la peor pesadilla de una niña de 12 años de edad. Durante los tres últimos años, la víctima habría sido objeto de constantes agresiones sexuales en manos de su progenitor.
Moisés V. fue detenido en el operativo y, más tarde procesado por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual.
Pese a que Fiscalía solicitó la prisión preventiva, la jueza de Garantías Penales, Lorena Paredes, dispuso medidas alternativas y ordenó al procesado presentarse tres veces por semana. La Magistrada consideró que, por ser funcionario judicial, el implicado justificó arraigo laboral.
El Fiscal del caso logró que se extienda una boleta de auxilio en favor de la víctima, es decir, Moisés V. no podrá acercársele, ni tener proximidad alguna con la niña.
