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A tempranas horas de la mañana de este viernes 19 de febrero de 2021, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, llegó a las instalaciones del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad para que le coloquen el grillete electrónico tras la resolución de la Corte de Pichincha dentro del caso de un presunto peculado en la Secretaría de Salud.
El Burgomaestre compartió en su cuenta de Twitter el momento de la colocación de este dispositivo y envió un mensaje: «La mejor presea que he recibido por salvar más de 50.000 vidas, gracias @lindaguaman @XimenaAbarcaD saldremos de esta injusticia, saldremos con la frente en alto», escribió.
La mejor presea que he recibido por salvar más de 50.000 vidas, gracias @lindaguaman @XimenaAbarcaD saldremos de esta injusticia, saldremos con la frente en alto. pic.twitter.com/2UdI4vusVk
— Jorge Yunda Machado (@LoroHomero) February 19, 2021
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El alcalde de Quito fue vinculado el pasado martes 16 de febrero a la investigación por un presunto peculado en la compra de 100.000 pruebas covid-19. Junto a él también fueron incluidos otros cinco funcionarios.
Al salir de las instalaciones del Servicio Nacional de Atención Integral, Jorge Yunda dio declaraciones a Teleamazonas donde agregó: «Me colocaron el grillete en la pierna derecha porque sino para el volley me molesta. Pero quiero decir que si nosotros no hubiésemos tomado las medidas hubiese existido 50.000 muertos y seguiremos luchando y ahora vamos por las vacunas para salvar a la ciudad».
Indicó que continuará con sus actividades como Burgomaestre y que hoy se reunirá con el Comité de la Secretaría de Salud porque ya tienen un plan de vacunación para la capital.
La instrucción fiscal durará 30 días y ante eso el juez de la Corte de Pichincha dispuso medidas sustitutivas a la prisión preventiva que había solicitado la Fiscalía General del Estado.
Yunda no podrá abandonar el país, deberá presentarse a la autoridad cuatro veces a la semana, se deberá usar grillete electrónico y no podrá enajenar sus bienes hasta por cinco millones de dólares.
La instrucción fiscal fue abierta por un delito de peculado o malversación de caudales públicos en la compra irregular de 100.000 pruebas PCR para la detección de covid-19, una compra realizada a la empresa Salumed S.A. que «habría representado un perjuicio para el Estado de 4.226.800 dólares», según la Fiscalía General del Estado.
