52 instituciones de educación superior, de las 55 que se sometieron al proceso, están acreditadas y alcanzaron los parámetros de cumplimiento establecidos en el modelo de evaluación. Las otras tres universidades tienen 60 días para entregar un plan de fortalecimiento y mejoramiento que contará con el acompañamiento del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES), y tendrán hasta dos años para volver a acreditarse.
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«Estas tres instituciones no se ven afectadas; menos en sus clases. Los alumnos deben estar tranquilos. Las actividades continúan normalmente. No se les quitará recursos ni se las interviene; tampoco se cambian autoridades. El proceso se trata más bien de un modelo de aseguramiento de la calidad», aclaró a este diario Juan Manuel García, presidente del CACES.
Agregó que desde el 26 de octubre ya se reunieron con las autoridades de esas instituciones para iniciar el proceso. Si en dos años son acreditadas esto tendrá una vigencia de tres con el fin que coincida con el proceso, que es cada cinco años.
García se limitó a mencionar los nombres de las instituciones que no alcanzaron la acreditación; solo dijo que pertenecen a Quito, Babahoyo y Esmeraldas. «Los nombres de las instituciones no los diré por cuestiones legales -es público y notorio ya- pero como autoridad del CACES no puedo crear de alguna manera discriminación», advirtió.
Reiteró que esas tres universidades deberían tener en su plan de mejoramiento estándares que tienen que ver con el número de PhD publicaciones científicas, proyectos de vinculación con la sociedad, que insistan en la reglamentación de procesos para cuestiones éticas e investigación. Estos indicadores se siguen evaluando en las universidades del mundo para mejorar la calidad, según García.
55 se sometieron a la evaluación
De las 60 universidades y escuelas politécnicas de sistema de educación superior del país, solo 55 se sometieron al proceso de evaluación para la acreditación ya que las cinco restantes se encuentran enmarcadas dentro de lo que establece la Ley en el proceso de institucionalización.
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Este sistema es un modelo que evalúa estándares de calidad en sus funciones sustantivas: docencia, investigación y vinculación con la sociedad. «No permite comparar entre cada una de las instituciones. No jerarquiza. No permite hacer escalas, ni saber cuál es mejor que otra», enfatizó García.
Mediante 20 estándares se calificaron 240 componentes. «Básicamente lo que tenemos que encontrar es que haya un aseguramiento en los procesos de calidad» en las referidas funciones, mencionó.
Este proceso se desarrolló en cumplimiento del artículo 94 de la Ley Orgánica de Educación Superior reformada en agosto de 2018 que determinó que: “El Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior acreditará a las instituciones de educación superior, carreras y programas conforme lo establecido en esta Ley y el Reglamento que se expida para el efecto”.
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