Ecuador registra 121.525 positivos por la COVID-19 y 10.996 fallecidos relacionados con la pandemia, según el reporte divulgado este miércoles por el Ministerio de Salud Pública.
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El parte diario precisa que 7.206 de los decesos corresponden a muertes confirmadas por la enfermedad, a los que suma otros 3.790 casos de fallecimientos probables.
El informe indica que 97.063 personas se han recuperado del coronavirus y que otras 17.192 han recibido el alta hospitalaria.
Por provincias, la andina de Pichincha, cuya capital es Quito, sigue a la cabeza en el número de contagios confirmados, con 30.693, mientras que los fallecidos oficiales ascienden a 1.295.
La provincia costera de Guayas, cuya cabecera es Guayaquil, ha acumulado 20.049 positivos de COVID-19 y 1.701 muertes oficiales por la enfermedad.
Les siguen las provincias de Manabí, con 9.346 contagios, Azuay con 7.432, El Oro 5.127, Loja 4.960, Santo Domingo de los Tsáchilas 4.743, Tungurahua 4.374, Esmeraldas 3.643, Los Ríos 3.460, Cotopaxi 3.444 e Imbabura 3.441.
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La insular de Galápagos, situada a unos mil kilómetros de las costas continentales ecuatorianas, ya registra 184 positivos.
Entre los municipios con mayor número de contagios figuran Quito con 27.989, seguido de Guayaquil con 13.718.
Después constan ciudades como Cuenca con 6.002 casos positivos, Santo Domingo (3.976), Loja (3.923) y Ambato (3.340).
Ecuador aplicó el pasado 16 de marzo un estado de excepción en todo el territorio nacional para afrontar la expansión de la pandemia del coronavirus en el país, que en los primeros meses incluyó un proceso de cuarentena y un estricto confinamiento masivo.
Tras la finalización del mismo este lunes el Gobierno nacional pidió «corresponsabilidad» a la población y el acatamiento de medidas tales como el lavado habitual de manos, el distanciamiento físico de al menos dos metros y el uso permanente de mascarillas.
Desde entonces Ecuador se encuentra en una nueva situación en la lucha contra la COVID-19, en la que prima la responsabilidad ciudadana, mientras que la imposición de las restricciones recae en los gobiernos locales.
