La Fiscalía General del Estado informó que vinculó a 17 personas al proceso por presunta delincuencia organizada en adjudicación de contratos en el Hospital Abel Gilbert Pontón. La audiencia se llevó a cabo este 3 de agosto en la Unidad Penal Norte de Guayaquil.
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En la audiencia de vinculación, la fiscal Claudia Romero presentó como elementos de convicción: la información remitida por Servicio Nacional de Compras Públicas (Sercop), en la que se detalla los contratos y se evidencia el incumplimiento de condiciones; los reportes ejecutivos ampliados de la Unidad de Análisis Financiero y Economico (UAFE), los informes de la Superintendencia de Compañías y de la Superintendencia de Bancos, con los que se pudo conectar las presuntas acciones irregulares y en los que encontraron elementos para cada una de los vinculados.
Se sumaron también las actas de levantamiento de insumos médicos, teléfonos celulares, sellos de hospitales de todo el país –incautados en los diferentes allanamientos ejecutados el 18 de junio pasado–, que se encuentran en cadena de custodia de la Policía Judicial.
Según las investigaciones de Fiscalía, los procesados habrían adquirido insumos médicos con sobreprecio, favoreciendo con contratos a funcionarios públicos y otras personas que formarían parte de esta estructura.
El juez de Garantías Penales, Ramón Saltos Dueñas, luego de escuchar los elementos presentados por la Fiscal, dictó prisión preventiva contra Francisco C. O., Eduardo S. T., Manuel H. C., Luis O. V., Álex C. F., Maritza C. F., Yamel C. F., Publio V. C., Javier A. J., Laura U. A., Eduardo F. C., Karina A. T., Ericka Z. M., Pedro Ch. A. y Carlos C. S.
Para Miryam T. G., (por ser de la tercera edad) dispuso presentación periódica y prohibición de salida del país, al igual que para Daniel V. V.
Además, acogió el pedido de Fiscalía y prohibió enajenar bienes muebles e inmuebles, transferir acciones, liberar pólizas y dispuso el bloqueo de cuentas que tengan los procesados en el sistema financiero nacional.
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Previa
El proceso comenzó el 18 de junio cuando se realizó un allanamiento a la casa de salud por parte de la Fuerza de Tarea de la Fiscalía, la cual ha investigado el caso durante la pandemia. El grupo desplegó las labores en 48 inmuebles de Guayaquil, Daule, Samborondón y Quito. Más de 15 personas fueron detenidas en este operativo.
El objetivo era recabar indicios sobre una presunta estructura delincuencial que estaría operando en varios hospitales de la red pública de salud y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), a escala nacional.
«Su modus operandi consistiría en adquirir insumos médicos con sobreprecio, favoreciendo con contratos a funcionarios públicos y otras personas que formarían parte de esta estructura», dijo la Fiscalía en ese entonces.
La Fuerza de Tarea se constituyó para investigar casos de corrupción sobre la adquisición de medicinas e insumos para atender la pandemia del coronavirus en el país
