La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra seis personas por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada. Ellos formarían parte de una estructura de corrupción en el proceso de construcción del Hospital Básico de Pedernales.
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Los procesados fueron detenidos la madrugada de este 5 de junio, en varios allanamientos ejecutados en Portoviejo, Bahía de Caráquez y Quito. Entre los involucrados está el asambleísta Daniel Mendoza y Edmundo Tamayo.
«Fiscalía solicitó prisión preventiva para Daniel M., Edmundo T., Jennifer C., Tania S. y Ángel A.. Mientras que para Olga M. pidió arresto domiciliario y prohibición de salida del país. Además, para todos los procesados, solicitó la retención de cuentas y prohibición de enajenar bienes por el valor de 8 millones de dólares, valor del anticipo de la obra».
El juez Marco Rodríguez acogió el pedido de la Fiscal General y señaló el inicio de una instrucción fiscal por 90 días.
Elementos presentados
La fiscal general de Estado, Diana Salazar Méndez, durante su exposición, presentó quince elementos de convicción con los que justificó la presunta existencia de una estructura de delincuencia organizada. Señaló que el asambleísta Daniel M., valiéndose de su cargo, habría coordinado algunas acciones para obtener contratos de obra pública en Manabí, mismas que incluyeron la construcción del Hospital Básico de Pedernales.
Afirmó que en los computadores incautados, en el Consorcio Pedernales-Manabí, se encontraron registros y pagos a funcionarios públicos, entre ellos al asambleísta Daniel M. y a Eduardo T. También se encontraron registros de los pagos realizados a Jorge J. y Franklin C. y de los cuales Olga M. era la encargada de realizar a través del Consorcio.
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Las investigaciones de Fiscalía señalaron que estas actividades se habrían llevado a cabo de común acuerdo y que los procesados formaron un grupo estructurado, cuyas acciones se realizaron de manera reiterada y planificada con el único fin de buscar beneficio económico y material.
Diana Salazar, fiscal general del Estado, presentó ante el Juez memorandos, partes policiales sobre la presunta estructura delincuencial, peritajes de intercambios de chats donde se señala que dos de los procesados rendían cuentas y se reunían con el asambleísta Daniel Mendoza .
Escuchas telefónicas en las que se detalla la manera en la que se concertaban entregas de cheques y dinero. Además, presentó el Informe con Indicios de Responsabilidad Penal emitido por la Contraloría General del Estado, que señala irregularidades en la contratación de la construcción del Hospital de Pedernales y la correspondiente inobservancia del Servicio de Contratación de Obras (Secob).
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