Con cerca de 40 allanamientos en Guayaquil y Quito y 17 personas detenidas la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria, formada entre la Fiscalía y la Policía del Ecuador desde el 2 de junio, ha dado tres golpes contundentes para combatir la corrupción.
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En sus registros ya tiene 45 denuncias. Todas relacionadas a casos de corrupción dentro de contratos y procesos en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19.
Los allanamientos han tenido lugar en Quito y Guayas e involucran a exfuncionarios políticos, autoridades nacionales y sus familiares.
Son 3 los casos específicos que investiga actrualmente la Fuerza de Tarea:
1. Tráfico de influencias en la Prefectura del Guayas
En esta investigación está involucrado el prefecto del Guayas, Carlos Luis M., a quien se lo investiga por el presunto delito de tráfico de influencias.
La Fiscalía lo detuvo la mañana del 3 de junio, en una vivienda de la vía a Samborondón, pero por la madrugada del 4 de junio se lo dejó en libertad y se le dictó medidas cautelares. Ahora, lleva un grillete o dispositivo de vigilancia, no puede salir del país y debe presentarse periódicamente ante la Policía.
Además, en este caso se investiga la contratación de una empresa ligada a familiares del Prefecto del Guayas, como su esposa y dos hijastros, según la Fiscalía. Doce personas están involucradas, siete de ellas están con privación de libertad.
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2. SOBREPRECIO EN LA COMPRA DE INSUMOS EN EL MUNICIPIO DE QUITO
La Fiscalía determinó que hubo sobreprecio en la compra de insumos de bioseguridad por parte de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) del Municipio de Quito. Incluso, por este caso, está preso el gerente de la Epmaps.
Además, la Fiscalía informó en su cuenta de Twitter que cinco personas han sido retenidas con fines investigativos. Entre ellas estaría «Sofía R., prima del Vicealcalde de Quito, además, sesores del Gerente de la Epmaps», escribió la institución en su cuenta. Y reveló que dentro de esta indagación se realizaron 12 allanamientos en diferentes zonas de la capital, entre la noche del 2 y la madrugada del 3 de junio.
3. ABDALÁ B., INVESTIGADO POR TRÁFICO DE ARMAS Y MUNICIONES
La madrugada del 3 de junio, la Fuerza de Tarea multidisciplinaria de la Fiscalía allanó el domicilio del expresidente Abdalá B. O., como parte de la investigación relacionada con la compra de insumos médicos para el hospital del Seguro Social (IESS) Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil, con presuntos sobreprecios.
La Policía encontró en el casa de Abdalá B. cajas con insumos médicos (alrededor de 5.000 mascarillas y 2.000 tests de pruebas rápidas para Covid-19).
Además Fiscalía procesó al expresidente por presunto tráfico de armas y municiones. Durante la audiencia en contra de Abdalá B. el fiscal David Nelson del Castillo solicitó prisión preventiva contra el detenido, pero el juez de Garantías Penales, Ismael Figueroa, no acogió el pedido de Fiscalía y dictó arresto domiciliario para él.
Según el Magistrado, consideró oportuno imponer esta medida a Abdalá B. debido a que el procesado tiene 68 años de edad y problemas de salud.
45 fiscales conforman Fuerza de Tarea
45 miembros de la Fiscalía y grupos élites especiales de la Policía conforman la Fuerza de Tarea de la Fiscalía, explicó en rueda de prensa la fiscal gerneral, Diana Salazar.
El grupo se divide en: 3 fiscales de la Unidad de Transparencia, 5 de la Unidad de Lavado de Activos, los fiscales provinciales de Manabí, Carchi, Guayas y Chimborazo, 24 fiscales de apoyo, un coordinador de analistas, un experto en contratación pública, 2 expertos en análisis financiero y una unidad interagencial con policías especializados en investigaciones de corrupción.
El método de trabajo, en parte, es que los casos de Guayas sean conocidos por fiscales de otras provincias y viceversa.
Reacciones
“Desde el inicio de nuestro gobierno garantizamos que la Justicia opere con independencia. La labor de la Fiscalía cuenta con nuestro respaldo. La única manera de vencer a la corrupción es combatirla todos juntos”, Lenín Moreno.
«La Fiscalía conduce las investigaciones, los jueces determinan si se dictan o no medidas cautelares y cómo avanzan los procesos», María Paula Romo.
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