El 7 de abril 2020 tuvo lugar un deslizamiento de tierra en los límites de las provincias de Sucumbíos y Napo, en la Amazonía del Ecuador.
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Este incidente provocó la rotura de las tuberías del Sistema de Oleoductos Transecuatoriano (SOTE) y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), lo que produjo un derrame de petróleo en el río Coca que, posteriormente, alcanzó el río Napo y atravesó la frontera con Perú, afectando también a comunidades indígenas peruanas.
Debido a esta situación hoy en día alrededor de 97 000 personas de unas 150 comunidades están afectadas, no pueden usar el agua del río para bañarse, cocinar o beber. Tampoco se puede realizar labores de pesca.
Por ello, las comunidades indígenas siguen claman por ayuda.
ONGs muestran su rechazo
Algunas ONGs internacionales ya se han manifestado y protestado por el daño de la tubería que provocó el derrame de petróleo en el río Napo.
Una de ellas es Manos Unidas, ONG de la Iglesia Católica Española, que trabaja junto al Frente de Defensa de la Amazonía (FDA).
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Manos Unidas se sumó a la declaración de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) que denuncia «la irresponsabilidad de las empresas OCP Ecuador S.A., E.P. Petroecuador y CELEC EP por no tomar precauciones, por falta de prevención e información clara y oportuna sobre la rotura de dos gasoductos, ocurrida el 7 de abril en la provincia ecuatoriana de Orellana.
“Estas comunidades se encuentran en una situación de doble vulnerabilidad a causa del derrame y de la pandemia actual”, afirma la hermana Digna Erazo, misionera laurita y coordinadora de REPAM Ecuador.
Comunidades peruanas también estarían en riesgo
La ruptura produjo un derrame de petróleo en el río Coca que, posteriormente, alcanzó el río Napo y atravesó la frontera con Perú, afectando también a comunidades indígenas peruanas.
Se estima que unas 97 000 personas se vieron afectadas por la contaminación de los lechos y las orillas de los ríos.
El desastre ocurrió cerca de las Cataratas de San Rafael y fue revelado por videos publicados en las redes sociales por las comunidades que viven a lo largo de los ríos, alarmadas por las mareas negras que avanzan en las aguas que bañan sus pueblos.
La pandemia dificulta los trabajos de reparación
Según Luis Yanza, fundador del FDA –organización con la que Manos Unidas trabaja para garantizar el acceso al agua potable en zonas de contaminación–, la pandemia obstaculiza también una valoración minuciosa de la gravedad de lo ocurrido:
“Sabemos que las comunidades afrontan un serio problema de abastecimiento de agua y alimentación, ya que la pesca se ha suspendido y los cultivos cercanos a las riberas también están contaminados, pero no se conoce cómo están afrontando la situación, toda vez que la pandemia y las consecuentes restricciones de movilidad no han permitido visitar las comunidades para determinar su estado actual. La mayor parte de las comunidades están abandonadas”, manifestó.
¿Qué dicen las petroleras?
Las petroleras, que se han apresurado a tender vertientes alternativas y garantizar que el suministro de petróleo pese a los cortes, aseguran que se trató de un evento natural de «causa mayor» y que están inmersas en un proceso de reparación de afectaciones en el que intervienen empresas líderes internacionales.
Consultada por agencia EFE, OCP aseguró que: «cerró válvulas el 7 de abril al final de la noche» y que su vertido fue «por inercia, el remanente que quedó en la tubería», aunque no tienen aún un calculo exacto del número de barriles vertido.
Aseguran asimismo, que han ofrecido agua y alimentos a la población.
Sin embargo, las explicaciones no convencen a los afectados.
«No tenemos unas cifras que nos sean convincentes. Al inicio hablaron de que se habrían derramado 4 000 barriles. Luego OCP reveló en el Parlamento que fueron 8 900 barriles», refiere Carlos Mazabanda, coordinador de Ecuador para Amazon Watch, organización que conforma la plataforma que monitorea el vertido.
