La adolescente de 16 años, Paola Guzmán se suicidó el 12 de diciembre de 2002 después de sufrir abusos sexuales a manos del vicerrector de su colegio al que asistía en Guayaquil. Hoy, martes 28 de enero, después de 18 años, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
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La directora de derechos humanos de la Procuraduría General de Ecuador, María Fernanda Álvarez, pidió disculpas a la madre de la víctima, Petita Albarracín, por las «acciones y omisiones del Estado» que permitieron los abusos de la menor y su muerte.
Asimismo el Estado reconoció un mal manejo del caso por parte de la Fiscalía cuando prescribió el proceso penal contra el vicerrector, Bolívar Espín.
El caso de la menor es el primero en cuanto a violencia sexual en el contexto educativo que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) este martes.
¿Qué pasó con Paola Guzmán?
Cuando la adolescente tenía apenas 14 años tuvo problemas en dos materias y peligraba repetir el año. En ese entonces, el vicerrector del colegio donde estudiaba (hombre de 65 años), se comprometió a ayudarla pero si ella aceptaba salir con él.
Paola tuvo que aguantar por dos años abusos y acosos sexuales por parte del vicerrector. A los 16, supo que estaba embarazada y esta autoridad del plantel le dio dinero para que se compre una medicina abortiva. Además, le dijo que busque asistencia con el médico del colegio, quien también la violó a cambio de su ayuda.
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Paola Guzmán se quitó la vida el 12 de diciembre de 2002, dos días después de su cumpleaños. En la mañana de esa fecha, la adolescente ingirió fósforo blanco (diablillos), antes de ir al colegio. Ella les dijo a sus compañeras de lo que había hecho y la llevaron a la enfermería. A su madre no la informaron de inmediato y cuando se enteró, llevó a Paola a dos casas de salud, pero falleció debido a la intoxicación.
La menor murió un día después en la unidad de terapia intensiva de una clínica privada. «El abuso que vivió mi hija lo sabían todos, lo sabía el rector, los profesores, las compañeras y no me dijeron nada», reclamó Albarracín, entre lágrimas.
¿Qué paso con el vicerrector?
Su madre ha luchado inalcanzablemente por 18 años. En el 2003 empezó pidiendo justicia. En ese año hubo un dictamen acusatorio por presunto acoso sexual e instigación contra el vicerrector, pero el juez del caso negó el pedido de prisión preventiva.
En el 2004 se dispuso su captura, pero este ya se había fugado del país. El vicerrector fue destituido del plantel por ‘abandono del cargo’ y se le impuso una indemnización por $25.000 por daño moral a favor de la madre, pero nunca lo canceló por su fuga.
La CIDH conoció el caso de Paola en el 2006
El caso de Paola Guzmán fue presentado ante la CIDH por Cepan Guayaquil y el Centro de Derechos Derechos Reproductivos de Colombia. Lamentablemente, después de dos años fue declarado prescrito, según la normativa de Ecuador. Sin embargo, en ese mismo año, la Comisión decidió analizarlo.
En el 2018, emitió un informe ( No. 110/18) donde concluye que «el Estado ecuatoriano es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la honra y la dignidad, al derecho a la especial protección del Estado en su condición de niña, a la igualdad y no discriminación, a la educación, a la salud y a vivir libre de violencia”, como establece los artículos 4.1, 5.1, 11, 19, 24 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Además hizo una serie de recomendaciones que nunca se cumplieron.
Este martes 28 de enero, desde las 10:00, el Estado y la defensa de Paola comparecieron en una audiencia pública. “Ha sido una lucha tan grande y de todas maneras no tengo a mi hija a mi lado. Esta lucha no me va a beneficiar ni me la devolverá con vida, pero sí impedirá que esto le ocurra a otras niñas”.
«Como representante del Estado ofrezco a la señora Petita las disculpas públicas por aquellas acciones u omisiones del Estado ecuatoriano que hayan ocasionado violaciones a los derechos de Paola», expresó Álvarez.
Albarracín pidió que «el Estado ecuatoriano debe limpiar el nombre de mi hija porque ella fue la víctima. Que pongan mano dura para que no pase lo que vivió mi hija y lo que he sufrido».
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