Un juez provincial dictaminó este viernes prisión preventiva para el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) José Tuárez. Esto por el presunto delito de asociación ilícita, con el supuesto cometido de tráfico de influencias.
PUBLICIDAD
Así lo indicó la Fiscalía, que a través de Twitter precisó que junto a Tuárez, otros 26 sospechosos investigados en la misma trama recibieron similar medida. «Por presunta asociación ilícita para realizar tráfico de influencia en entidades públicas».
El juez dispuso, además, medidas cautelares para otros seis procesados en el caso.
Tuárez fue detenido el jueves por efectivos de la Policía, en un operativo realizado de madrugada en la provincia de Manabí, situada en la costa del país.
El que fuera responsable electo del principal órgano de control social del Estado como resultado de las elecciones de marzo pasado, fue destituido el 14 de agosto mediante un juicio político en la Asamblea Nacional.
Con el voto de 84 legisladores, de los 137 que forman el unicameral Congreso ecuatoriano, el pleno de la Asamblea destituyó a Tuárez, a su vicepresidenta, Rosa Chalá, y a los vocales Victoria Desintonio y Walter Gómez.
Con menos de dos meses en el ejercicio de sus cargos, los cuatro consejeros fueron acusados de incumplimiento de funciones.
PUBLICIDAD
La Fiscalía General del Estado informó de que la treintena de detenidos en el marco de la operación podrían integrar una organización que aparentemente se dedicaba «a otorgar puestos en el sector público».
Las detenciones se practicaron en el marco de varios operativos realizados en las provincias del Guayas, Manabí, Pichincha, Tungurahua, Cotopaxi, Los Ríos y Sucumbíos, de acuerdo a la Fiscalía.
Se presume que los arrestados conforman una organización dedicada a ofertar cargos en varias instituciones del Estado, entre ellas la Dirección de Aviación Civil (DAC) y la Aduana, y que supuestamente «pedían grandes cantidades de dinero, que van desde los cinco hasta los veinte millones de dólares».
«También habrían ofertado contratos en ciertas entidades públicas, a cambio de recibir entre el 10 % y el 20 % del monto de la contratación», precisó la Fiscalía.
Sin embargo, familiares de Tuárez y de otros detenidos dijeron a los medios que no existen pruebas de esas supuestas adjudicaciones, y que el proceso responde a una «persecución política».
A Tuárez se le vinculó con círculos políticos afines con el expresidente del país Rafael Correa (2007-2017).
Según la ministra de Gobierno, María Paula Romo, la Fiscalía y la Policía ejecutaron 31 allanamientos y 32 detenciones, «todas con orden judicial, en una importante investigación por presunto delito de oferta de tráfico de influencias».
Con información de EFE
