Los representantes de 18 pueblos, 15 nacionalidades y 52 federaciones provinciales, 10 000 comunidades de base que conforman la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y la confederación de Nacionalidad Kichwa del Ecuador (CONFENIAE) y la ECUARUNARI, enviaron un carta al Fondo Monetario Internacional (FMI) con la “intención de sembrar reflexión en sus mentes”.
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En la carta, se explica que los problemas estructurales de desigualdad y dependencia económica que quejan al Ecuador, se han sumado a un sinfín de dificultades por la insistencia de aplicar políticas de austeridad que desconocen las realidades de los pueblos indígenas.
“Antes de pedir prestamos, antes de grabar impuestos, podríamos empezar por cobrar lo adeudado, esto es para nosotros sinceridad la economía”, señala la misiva.
El escrito por parte de las comunidades indígenas y sus representantes señala al FMI como el “chulco” internacional. Además, indican que prácticamente Ecuador está obligado a recurrir a estas instituciones financieras internacionales, con quienes, según la carta, hace rato habían definido no hacer más negocios.
«¿No se supone que el objetivo de la economía es garantizar el bienestar humano y el de nuestro hogar en estrecha armonía con la Madre Tierra?», preguntó el escrito.
En la parte final, señalaron que: «consideramos que todo cambio y política debe consensuar con los pueblos, no tomarse a sus espaldas. Hay alternativas, ustedes lo saben, y su aplicación demanda creatividad y voluntad política».
Señores del FMI, la intención de esta misiva es exigir que paren las presiones para firmas cartas, tratados y convenios que no benefician al pueblo ecuatoriano, quedó claro el descontento del movimientos indígena y del pueblo ecuatoriano en las calles.
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Los movimientos indígenas y sus representantes fueron el colectivo social que se unió a las manifestaciones por la eliminación de los subsidios de la gasolina extra y diésel, las cuales tuvieron una duración de 11 días. Finalmente, una mesa de diálogo permitió llegar a la derogatoria del decreto 883 el 14 de octubre del 2019.
A pesar de esta decisión y consenso, se plantea establecer un nuevo decreto que permita ajustar medidas económicas para lograr conseguir tapar el hueco fiscal de USD 1 400 millones, según el Gobierno Nacional.
Hasta la emisión de la carta, el lunes 21 de octubre, no ha existido una respuesta por parte del Fondo Monetario Internacional.
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