La fuga del exsecretario de Comunicación del régimen de Rafael Correa, Fernando Alvarado, acusado de corrupción y que habría contado con colaboración interna, ha desatado las alarmas en el Gobierno de Lenín Moreno, que ha lanzado una cruzada para depurar las instituciones de elementos afines a su antecesor.
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El jefe del Estado no ha dudado en emplear los términos de «mafia» y sus asesores hablan de «fanáticos» y «topos» de una red de seguidores de Correa dispuestos a hacer todo lo que esté en su mano para garantizar que los casos de corrupción sigan impunes y que aún campan en los diferentes ministerios y organismos del Estado.
«La fuga de un sospechoso es evidencia de una traición enquistada en nuestras dependencias. Hay un proceso de investigación en marcha y daremos con los responsables», manifestaba esta semana Moreno en una emisión de cadena nacional.
Su huida a otro país -según explicó Alvarado en un video-, levantó las alertas en el Ejecutivo de Moreno, que ha hecho de la lucha contra la corrupción en el Gobierno de Correa (2007-2017) una política de su Administración, y ordenó la suspensión de toda la cadena de mando responsable de su custodia.
«Nos ha golpeado la mafia, nos han engañado los estafadores de siempre», pronunciaba Moreno antes de afirmar que hay delitos en todos los sectores del Estado y acusó a sus antecesores de «haber creado una administración con tentáculos de ignominia y corrupción».
Alvarado levantó en su última cinta conocida el viernes aún más la ampolla al asegurar que logró escapar de la medida cautelar de vigilancia gracias a un colaborador interno.
«Si usted conociera al ser que me ayudó a librarme de ese grillete no lo creería…!Está tan cerca suyo, pero tan cerca suyo! Y conociendo todo lo que me estaban haciendo a mí, hizo un acto de justicia», señaló el prófugo.
La respuesta no se hizo esperar y ese mismo día su sucesor como secretario de Comunicación, Andrés Michelena, manifestó en Twitter que el «prófugo Alvarado en su clandestinidad sufre delirios (alteración mental, provocada por una enfermedad o trastorno, que produce desorden de ideas y alucinaciones)».
Esta guerra psicológica, a decir de los analistas, puede tener a varios altos funcionarios en el objetivo, pero distinguir entre quién es realmente leal a Moreno y quién no es un quimera.
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En definitiva y como resalta el diario El Comercio, todo el alto funcionariado gubernamental tiene un pasado correísta, que habrían sabido cambiar de chaqueta oportunamente.
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Pero a raíz de la sonada fuga, que motivó el traslado urgente a una cárcel de máxima seguridad del exvicepresidente Jorge Glas, condenado por asociación ilícita en la trama de corrupción Odebrecth, se ha avivado el debate en torno a la necesidad de acometer una verdadera purga.
«No es suficiente con destituir a empleados de segundo orden ni tampoco con agitadas ruedas de prensa. Ante la opinión pública, desde el Gobierno actual se apoyó, facilitó o encubrió (o las tres cosas) la salida de Fernando Alvarado», escribe esta semana el profesores de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Santiago Basabe.
En un artículo titulado «El silencio de Alvarado se negoció con su salida», el analista afirma que se pide al Ejecutivo que no «se burle de la inteligencia de la ciudadanía intentando colocar la versión de que desconocían de este hecho».
La cuestión ha derivado en una inusual coincidencia, aunque cada uno por razones ideológicas radicalmente contrarias, del líder de la oposición ecuatoriana, el conservador Guillermo Lasso, y el propio Correa, en Bélgica y también prófugo de la justicia ecuatoriana por un caso de secuestro a un opositor.
«La purga debe comenzar por el propio Moreno y la señora -vicepresidenta, María Alejandra- Vicuña», reza un trino colgado esta semana por Lasso, que defendió que «el traslado de Jorge Glas por la fuga de Alvarado es venganza, no justicia».
Irónicamente Correa aseguraba poco después, «¡Qué serán los tiempos que vivimos que tengo que retuitear a Lasso porque tiene razón!».
Con información de EFE
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