Jueces constitucionales del Consejo de la Judicatura retrasó hasta el próximo viernes, 24 de abril, el análisis de un pedido de medidas cautelares para proteger los derechos humanos de los venezolanos que quieren ingresar a Ecuador.
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La Defensoría del Pueblo de Ecuador expresó hoy su preocupación ante el anuncio de un tribunal judicial. Aseguró que este es un tema que debiera ser tramitado lo más pronto posible.
«La Defensoría del Pueblo del Ecuador expresa su preocupación ante las decisiones adoptadas por los órganos judiciales en asuntos de transcendental importancia en la protección de los derechos humanos», señaló la institución.
Junto con otras organizaciones protectoras de los derechos humanos, la Defensoría pidió el pasado viernes unas medidas cautelares para frenar la exigencia del pasaporte a los venezolanos.
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La audiencia para tratar el pedido de medidas cautelares, presentada ante la Unidad de la Niñez y la Familia del Complejo Judicial Norte, de Quito, se fijó para el próximo viernes, «pese a la gravedad de esta situación que es de conocimiento público», añade el escrito de la Defensoría.
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El pasado viernes, Gina Benavides, titular de la Defensoría del Pueblo expresó su deseo de que el tribunal lo tramitara lo más pronto posible.
«El problema -añadió- es que puede haber una crisis. Mucha de la gente venezolana se puede quedar bloqueada en el lado colombiano» de la frontera con Ecuador, en condiciones no adecuadas, lo que puede forzar a que algunos de ellos opten por vías no regulares para cruzar la divisoria.
Además, la Defensoría del Pueblo consideró que la medida migratoria anunciada por sorpresa por el Gobierno ecuatoriano atenta contra el derecho a migrar reconocido en la Constitución.
Caso de Cofanes-Sinangoe
La institución defensora de los derechos humanos también aprovechó este caso para extender su preocupación por la demora judicial en tramitar otra acción de protección en favor de una nacionalidad indígena amenazada por la explotación minera.
«En la provincia de Sucumbíos (Amazonía) fue diferida la audiencia de la acción de protección en el caso de Cofanes-Sinangoe, para el 5 de septiembre de 2018, aun cuando esta decisión protegería el derecho a la consulta previa de esta comunidad y el derecho al agua de gran parte de los habitantes de esta provincia», señala el escrito.
«Estas decisiones de los órganos de justicia desnaturalizan las acciones constitucionales, cuyo fin es responder de manera urgente frente a situaciones en que los derechos humanos y de la naturaleza se encuentran comprometidos», remarcó la Defensoría.
EFE
