Según el decreto, se establecen como objetivos el ejercer un control efectivo del territorio y de su ordenamiento en los espacios terrestre, acuático y aéreo; así como de los recursos, infraestructura, y áreas estratégicas.
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De igual manera, se busca proteger a la población en la frontera norte y garantizar el ejercicio de sus derechos, libertades «y de la confianza para el desarrollo integral y evitar su desplazamiento», señala el texto del decreto.
Con la decisión se pretende también generar mecanismos de articulación intersectorial y multinivel que armonicen los objetivos y políticas del Consejo Sectorial de Seguridad, Comité Nacional de Seguridad Integral Fronterizo para el desarrollo integral de la población en la frontera norte.
El gobierno busca, además, incrementar los mecanismos de control para contrarrestar las actividades económicas y financieras ilegales que sustentan las acciones ilícitas en la frontera con Colombia.
En los primeros meses del año se produjo un deterioro de la seguridad en la frontera norte del país, el secuestro de tres miembros de un equipo periodístico y de una pareja, así como ataques con artefactos explosivos.
El equipo de prensa, integrado por el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, se había desplazado a la provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, para recabar información sobre la situación en la frontera, pero fueron secuestrados y asesinados en cautiverio presuntamente a manos de disidentes de las FARC.
En los ataques con explosivos desde finales de enero -entre ellos a un cuartel de Policía-, también atribuidos a disidentes de las FARC presuntamente vinculados con el narcotráfico, han muerto también cuatro soldados. EFE
