La organización Human Rights Watch (HRW) llamó hoy a Ecuador a investigar de forma «exhaustiva e imparcial» las acusaciones «creíbles» de que el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017) presionó al sistema judicial.
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«Las autoridades ecuatorianas deberían llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre denuncias creíbles de injerencia política en el poder judicial», señaló HRW en un comunicado en el que señala a «altos funcionarios» del Gobierno de Correa y del Consejo de la Judicatura por interferir en casos de «interés político».
Estas injerencias eran llevadas a cabo mediante la toma de represalias contra jueces independientes que eran intimidados o, directamente, destituidos de sus cargos por parte de la Administración con el objetivo de que no tomaran decisiones judiciales contrarias a los intereses del Gobierno.
«Durante la presidencia de Correa hubo funcionarios que presionaron e intimidaron a jueces, y destituyeron a aquellos que se negaron a seguir órdenes», señaló el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, citado en el comunicado.
Miembros de la organización humanitaria se desplazaron a Ecuador en 2017, meses después de que el actual presidente, Lenín Moreno, asumiera la Presidencia, como parte del proceso de seguimiento de un informe sobre la independencia judicial en el país andino elaborado por HRW en 2014,
Durante dicha visita, en la que los investigadores de HRW entrevistaron a autoridades del Consejo de la Judicatura, jueces y exmagistrados, funcionarios, abogados, académicos y organizaciones no gubernamentales, HRW documentó hasta doce casos de posibles presiones por parte del gobierno de Correa.
Según la investigación, jueces que «no acataron las instrucciones» fueron suspendidos o destituidos. La organización destaca, además, que según medios y organizaciones no gubernamentales se produjeron decenas de casos similares.
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La legislación ecuatoriana permite al Consejo de la Judicatura actuar contra funcionarios de la rama judicial por cometer «dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable».
De acuerdo con HRW, esta normativa «expone a los jueces a presiones políticas y vulnera la independencia judicial».
«El Presidente Lenín Moreno ha insistido en su respeto por la independencia judicial, pero para que se corrijan las prácticas abusivas del pasado, debería reestructurar la maquinaria que permitió la injerencia política en la justicia», concluyó Vivancos.
