La banda de tramitadores y falsificadores que vulneró el sistema informático de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) entregó 636 licencias de conducir tipo D para guiar buses de pasajeros.
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El director nacional de la ANT, Pablo Calle, señaló que la anomalía se descubrió tras una auditoría a la red de la entidad, entre el 1 de diciembre de 2017 y 31 de enero de 2018, motivada por denuncias de hackeos a las cuentas de los funcionarios.
En total, los delincuentes entregaron 15.970 licencias de conducir, de las cuales 2.549 son de tipo A; 8.582, B; 1.420, C; 2.615, E; 78, F, y 90 tipo G. Además, se modificaron 14.583 infracciones, con lo cual los infractores recuperaron 26.801 puntos en sus licencias y siguieran manejando vehículos sin problemas.
“La auditoría determinó que ingresaron (al sistema) 99 usuarios no autorizados a través de programas (de computación externos), fuera de horas laborales”, expresó el director ejecutivo de la ANT.
Calle reveló la existencia de 2.233 usuarios activos pertenecientes a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), de los cuales 1.165 se encuentran en procesos de validación, 534 están bloqueados y 534 validados. Esta situación motivó que la ANT pidiera a los GAD la identidad de las personas que ellos acreditaron para manejar la red informática, pero como no respondieron se revocaron 1.500 claves.
Además, ante esta realidad, el funcionario manifestó que se fortaleció la Dirección de Tecnologías de Información de la ANT, área responsable de detectar las anomalías.
Las investigaciones detectaron que las claves de los usuarios, la mayoría, fueron hackeadas porque las anomalías se realizaban en un área geográfica diferente al dueño de la contraseña. La vulneración de la red motivó que la ANT habilitara agentes antivirus en los equipos, bloqueos periféricos y depuración de los permisos o claves de los usuarios actuales que contaban con privilegios de administrador.
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También se ejecutó una auditoría para conocer las transacciones en el sistema y se “implementaron controles de acceso a nivel de base de datos que bloquea el uso de programas no autorizados”.
La ANT creó políticas y procedimientos internos para normar y mejorar el proceso de asignación de accesos y permisos. El director de la entidad dispuso que una empresa externa revisara el sistema informático.
La Contraloría General del Estado audita el sistema informático de la ANT para determinar las responsabilidades. “Ahí es cuando se van a determinar a los responsables. Es imperdonable que no se haya montado un sistema de auditorías, pero no existía”, expresó Calle. No descartó que más empleados de la entidad estén involucrados en la emisión de licencias. Por lo tanto, dijo que la Fiscalía prometió asignarles un fiscal para ahondar en el tema.
Aseguró que las licencias obtenidas por medio del hackeo y del uso de claves se revocarán de inmediato. “Nosotros informaremos a los entes de control sobre las licencias irregulares para que esos conductores no estén al mando de un micro”.
Indagación y detenciones:
El 9 de marzo, la emisión ilegal de licencias motivó las detenciones de siete tramitadores y una funcionaria del área de brevetación de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), en Guayaquil.
El jueves 22 de marzo, la fiscal María Coloma, quien indaga el tema, señaló que desde esa fecha llamó a declarar al director de la CTE, José Gálvez, pero no acudió por su “apretada agenda”.
Coloma, al igual que el director de la ANT, tampoco descarta que otros funcionarios de las entidades señaladas estén involucrados en el acto ilícito, por lo tanto ordenó la ‘explotación’ de los teléfonos celulares y computadoras que usaban los detenidos.
“Además se verifican sitios donde, supuestamente, se cometía el delito”. En los alrededores de la CTE en Guayaquil se allanaron dos ciber cáfe, en lo que se falsificaban las licencias de conducir y se vulneraba el sistema informático de la ANT, todo lo cual está debidamente documentado.
“Tenemos las escuchas, las vigilancias, los seguimientos y las pruebas”. Las funciones que cumplía la empleada civil de la CTE no fue revelada por Coloma ‘para no entorpecer las investigaciones’.
La fiscal explicó que toda institución pública o privada se maneja bajo gestiones de procesos, dentro de lo cual intervienen varias personas que son las responsables del trámite y de la entrega final de un producto. En el caso de la ANT o CTE, una persona recibe el trámite del documento requerido, otra lo revisa, otra lo supervisa y termina en el escritorio del jefe del área. “Llegamos a la conclusión de que cada proceso es vulnerado y no se pueden deslindar responsabilidades”, opinó la autoridad.
Solo el día de los allanamientos, Coloma tomó versiones o entrevistó a 20 personas en los exteriores e interior del edificio de la CTE. El problema de la corrupción en la emisión de licencias o desarrollo de procesos en la CTE para Coloma no es nuevo, viene de años atrás.
Ella recordó cómo en la Comisión de Tránsito desaparecieron las historias de dominios de cuatro vehículos comprados con dinero producto de actividades ilícitas. Pese a la intervención de las autoridades y sus advertencias, la presencia de tramitadores continúa en los alrededores de la CTE.
Licencias falsas inciden en registro de accidentes para Gelacio Mora, director del colectivo Tejido Social de Guayaquil, la falsificación de licencias incide en la alta siniestralidad en las vías. Esto motivó que el dirigente social solicitara a las autoridades de tránsito una auditoría a las escuelas o institutos que emiten permisos de conducir para profesionales.
“La emisión de 636 licencias para guías buses de pasajeros lleva a la conclusión de que estamos en manos de choferes que no cumplieron los cursos y que ahora causan muertes de inocentes”.
Para Manuel Medina, presidente de la Federación Nacional de Transportistas Urbanos (Fenatu), no es tan real culpar de los accidentes en las calles y carreteras del país a la irregular emisión de licencias.
“Los que trabajamos en la transportación de pasajeros entregamos las unidades a personas capacitadas y conocidas que cumplen rutas entre pueblos y ciudades”. Según Medina, de 46 años, la mayoría de accidentes de buses en las vías fue provocado por vehículos pequeños.
“Los choferes profesionales estamos conscientes de la responsabilidad que llevamos sobre nuestros hombros”. El dirigente, que manejó micros desde los 20 años, señaló que durante la firma del Plan Nacional de Seguridad Vial se solicitó que la ANT no permita que los sindicatos de choferes o institutos de conducción entreguen licencias profesionales en seis o siete meses, sino que se las otorgue cada cuatro años.
José Miranda, conductor de la Cooperativa Internacional Fronteriza Asociada (CIFA), que cubre la ruta Guayaquil-El Oro, aseguró que internamente las cooperativas evalúan mensualmente el desempeño de sus choferes. Para ello, se monitorea el número de infracciones y pérdidas de puntos en la licencia. “Cuando detectamos a un conductor que se mete en problemas con demasiada frecuencia le ponen una multa o lo sacan de operación. Además se notifica a la ANT para que tome los correctivos”.
Evaluaciones:
Pruebas obligatorias: El examen psicosensométrico tiene un valor de $ 20 es un requisito indispensable para obtener la licencia. La escuela de conducción debe contar con los permisos de aprendizaje otorgado por la Agencia de Tránsito por cada alumno matriculado.
5,8 muertes diarias ocurren en las vías de Ecuador en enero y febrero de este año.
Policía busca a chofer
El extranjero que guiaba el bus de Rutas Portovejenses, el cual se volcó y dejó 13 muertos, aún no es localizado.
89% de buses en terminal, sin revisión técnica:
La Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) controló ayer la salida y entrada de los buses intercantonales e interprovinciales que operan en la terminal terrestre de Guayaquil, con el objetivo de exigir la revisión técnica vehicular (RTV) a los choferes.
Hubo conductores que recibieron observaciones por no tener el adhesivo que certifica el proceso de revisión, pero no sanciones.
Fernando Amador, director de Transporte de la ATM, indicó que algunos municipios no cumplen con la exigencia implementada por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) en las ciudades de Guayaquil, Quito y Cuenca. “La ANT debe responder por lo que ocurre en las carreteras del país. Nosotros respondemos por los usuarios de la terminal”, aseguró Amador.
La iniciativa de control fue para socializar con las cooperativas de transporte el cumplimiento de la RTV. Los propietarios de las unidades tendrán hasta el próximo abril para realizar el proceso y a partir de mayo se sancionará a quienes incumplan la medida, informó Diego Rentería, director de RTV de la ATM.
En la terminal operan aproximadamente 3.600 buses, de los cuales solo el 11% (396 vehículos) cuenta con RTV, mientras que el restante 89% solo tiene revisión visual o ninguna.
Rentería aseguró que se envió un comunicado a las cooperativas que usan la terminal terrestre sobre los plazos establecidos para el cumplimiento de la RTV. Entre las sanciones contempladas está la retención de los vehículos. “Además, no se dará autorización de ingreso a los choferes que no hayan cumplido el proceso”, afirmó Rentería.
El funcionario no descartó medidas contra las cooperativas de transporte en caso de reincidencia. Los conductores consultados no presentaron objeciones a la medida implementada por la ATM.
Manolo Salinas, chofer de la cooperativa Rircay, comentó que internamente se realizan controles y se da mantenimiento a las unidades para precautelar la integridad de los usuarios.
Fuente: El Telégrafo
