En Ecuador persiste un hostigamiento judicial contra dirigentes indígenas perseguidos por el anterior Gobierno de Rafael Correa, que podrían afrontar penas de prisión con base en delitos sin peso legal, denunció hoy la organización Human Rights Watch.
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En un informe de 30 páginas titulado «Amazónicos bajo juicio: hostigamiento judicial a líderes indígenas y ambientalistas en Ecuador», apunta a que fiscales en tres casos prominentes fracasaron a la hora de presentar suficientes pruebas que apoyaran los graves cargos o justificaran la continuación investigaciones penales que se prolongaron durante años.
HRW denuncia que el anterior Ejecutivo «se extralimitó» en su sistema judicial penal para señalar a líderes indígenas y medioambientalistas que protestaban por las exploraciones mineras y petroleras en la Amazonía.
Refiere que estos grupos operan «de manera más libre» bajo el actual presidente, Lenín Moreno, pero censuran que la inercia de los enjuiciamientos abusivos de su predecesor «no ha sido atendida».
El próximo 28 de marzo, adelanta la ONG, tiene lugar un juicio en la provincia oriental ecuatoriana de Morona Santiago contra el líder de la comunidad Shuar Agustí Wachapá, por supuestamente instigar a la violencia con un comentario en Facebook.
El pasado 16 de marzo una corte ecuatoriana dictó una orden de arresto a otro dirigente de esa nacionalidad Pepe Acacho, para que cumpla una pena de prisión por un delito del que no había sido acusado a lo largo del juicio y no tuvo oportunidad de defenderse propiamente.
El tercer caso que recoge HRW se trata de una investigación criminal que involucraba a seis dirigentes indígenas y ambientalistas y que lleva abierta desde hace cuatro años y medio, sin que hasta la fecha hayan habido pruebas concluyentes.
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«El presidente Correa extendió una campaña en la televisión nacional contra líderes indígenas y ambientalistas que se oponían a los proyectos de la industria extractiva en la Amazonía, mientras su Ministerio del Interior buscaba encarcelar a dirigentes y cerrar sus organizaciones», sostiene Daniel Wilkinson, director para las Américas de la ONG en un extracto informativo.
Señala que «el presidente Moreno ha acabado con el acoso y los grupos ambientalistas operan de manera más libre, pero los enjuiciamientos abusivos deben cesar».
Llama asimismo a las autoridades ecuatorianas a garantizar que ninguno de esos líderes cumple prisión o es condenado por cargos que no estén suficientemente fundamentados o probados en un tribunal.
El informe se hace eco de que en 2013 bajo el Gobierno de Correa se cerró «de manera arbitraria» la Fundación Pachamama, una de las más destacadas en el ámbito del ecologismo, que ha recuperado bajo Moreno su personería jurídica.
Y afirma que en 2016 amenazó con hacer lo propio con la ONG Acción Ecológica, pero se retractó ante críticas internacionales.
Cinco relatores especiales de la ONU describieron el intento de cerrar el grupo como parte «de la estrategia de asfixiar a la sociedad civil».
«Moreno, al igual que las autoridades judiciales y legislativas, necesitan hacer más para deshacer el daño hecho por el autoritarismo del enfoque de Correa sobre los críticos a sus políticas ambientales», remachó Wilkinson.
Fuente: EFE
