Un veterano del ejército estadounidense que estuvo dos veces en Afganistán y había vivido en Estados Unidos desde los 8 años de edad fue deportado a México porque en el 2008 se le halló culpable de tráfico de drogas.
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Miguel Pérez Jr., de 39 años y residente de Chicago, fue deportado el viernes, confirmó el lunes el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
La deportación se realizó luego que el exmilitar perdió una apelación para quedarse en Estados Unidos y el gobernador de Illinois, Bruce Rauner, se negó a indultarlo.
Pérez fue trasladado de Gary, Indiana, a Brownsville, Texas, donde agentes lo escoltaron hasta el otro lado de la frontera y lo entregaron a las autoridades mexicanas, dijeron funcionarios del ICE.
Pérez dijo el jueves en la noche al Chicago Tribune desde un centro de detención, “no me estoy yendo. Me están sacando”.
“Ni por 30 segundos fui ilegal en este país”, agregó. “Fui a la guerra por este país, por amor a este país”.
Los padres de Pérez, el señor Miguel y la señora Esperanza Montes Pérez, dijeron que están destrozados pero continuarán luchando por el regreso de su hijo.
El padre dijo que su hijo fue a una guerra en la que defendió a la gente que ahora lo está echando como si fuera basura, según el periódico.
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Las autoridades dicen que Pérez le dio a un agente encubierto una laptop con 2 kilos (4,4 libras) de cocaína el 26 de noviembre del 2008. Se declaró culpable y pasó a custodia del ICE luego de cumplir la mitad de su sentencia de 15 años.
La senadora federal Tammy Duckworth es una de las personas que ha apoyado a Pérez. El viernes, escribió una carta a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, para solicitarle que cancelara la deportación de Pérez y revisara el caso personalmente. Duckworth dijo que no había recibido respuesta alguna.
“Por lo menos, se debió haber permitido a Miguel agotar todas sus opciones jurídicas antes de que lo echaran del país en forma apresurada y bajo un manto de secrecía”, afirmó Duckworth el sábado.
El ICE ha dicho que delibera bastante en la revisión de los casos que implican a ex militares estadounidenses y que cualquier acción para deportar a uno de ellos debe contar con la autorización de los superiores y una evaluación del abogado principal. AP
