El entierro hoy en Quito de 36 fetos y recién nacidos no reconocidos ni reclamados, en el marco de un proyecto promovido por la Pastoral Familiar de la Arquidiócesis de Quito, ha avivado el debate en torno al aborto en Ecuador.
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El camposanto Jardines de Santa Rosa al sur de la capital, fue el escenario de un sepelio inusual que despertó enorme emoción entre los asistentes y fue oficiado por el arzobispo de Quito y primado de Ecuador, monseñor Fausto Gabriel Trávez, quien bendijo los restos.
En pequeñas cajas blancas sobre las que reposaban fotografías y una breve identificación, habían sido colocados los bebés difuntos con edades comprendidas entre las diez semanas de gestación hasta neonatos que pudieron vivir algunas horas o incluso días.
Tras una misa en la que se les rindió tributo, oficiales de la Policía Nacional portaron una a una las cajas mortuorias antes de que un clérigo las rociara con agua bendita.
Posteriormente fueron entregados a fugaces «padres adoptivos» que les pusieron dos nombres, como manda la tradición en la nación andina, como por ejemplo el de Juan Francisco. Y algunos de ellos, entre lágrimas, los entregaron a los funcionarios del cementerio para que procedieran a su sepultura.
Los ataúdes fueron depositados en dos fosas comunes cada una de ellas con una lápida que rezaba: «En memoria de los niños no nacidos, 13 de marzo 2018».
«Queremos en estos momentos rendirles un homenaje, un adiós como se merecen, con unos padres que les dicen te amo, que les han dado un nombre y les dejan en un sitio para que descansen en paz», declaró a Efe Amparo Medina, de la Pastoral Familiar y la Red Vida y Familia.
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La abogada Marta Villamarín, coordinadora técnica de métodos y protocolos del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, encargada de gestionar el proceso, indicó a Efe que se desarrolló cumpliendo todos los requisitos legales.
«El Servicio Nacional ha garantizado que se cumplieron los procedimientos técnicos de autopsias médico-legales y muestras respectivas atendiendo al sistema fiscal», aseveró.
Entre los sepultados, 22 procedían de departamentos forenses en Quito, once de la provincia de Tungurahua y tres de Santo Domingo.
Los cuerpos fueron abandonados en lugares de todo el país y desde 2014 reposaban congelados en el departamento de medicina legal un total de 93, de los que 51 fueron inhumados en julio pasado.
Sus casos siguen bajo investigación por parte de la Fiscalía y Criminalística y aunque las autoridades no han precisado la naturaleza de los restos, los grupos provida apuntan a que son en su mayoría producto de abortos inducidos.
«Estamos conscientes de que son pocos los papás que van a decir ‘yo maté a mi hijo y lo dejé botado en un servicio higiénico, en un basurero o en la calle», afirma Medina, de la Pastoral Familiar.
Acusó a las organizaciones abortistas de «vender pastillas químicas vía internet» para interrumpir el embarazo y que muchas gestantes las consumen ignorando que cuando expulsan el feto «no son meros coágulos», sino bebés con características humanas de los que posteriormente se tienen que desprender.
En Ecuador, el aborto está permitido solo en caso de que el embarazo ponga en riesgo la vida o salud de la embarazada y si es consecuencia de una violación a una mujer con discapacidad mental.
Pero la despenalización del aborto por violación retornó a la palestra pública la semana pasada a raíz de las cifras que las propias autoridades reconocen como «escandalosas» sobre violencia machista en el país.
El Defensor Público, Ernesto Pazmiño, acudió a la Asamblea Nacional acompañado por miembros de organizaciones defensoras de la mujer para insistir en que se revise la posibilidad de despenalizar el aborto en el supuesto de la violación, iniciativa que fue descartada hace dos años bajo el Ejecutivo de Rafael Correa.
Sobre el enterramiento efectuado hoy Virginia Gómez de la Torre, directora de la Fundación Desafío, que trata de fortalecer el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las ecuatorianas, lo califica de «performance».
«Es contradictorio que en un país laico unos restos cadavéricos que no tienen pertenencia legal ni personalidad jurídica, sean congelados para ser entregados a la Iglesia y se haga este sainete», adujo.
Consideró que con este tipo de actuación «se está criminalizando a las mujeres, que tienen miedo de ir a los hospitales» y que no se conoce si los restos fueron abortos espontáneos o embarazos de menores, antes de acusar al Estado ecuatoriano de permitir «violencia simbólica y vulneración de derechos de las mujeres».
Fuente: EFE
