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La destitución de José Serrano como presidente de la Asamblea Nacional y la decisión del Parlamento de llamar a juicio político al fiscal general del Estado, Carlos Baca, avivó en Ecuador el debate sobre el alcance de la corrupción.
Y es que con 103 votos de 106 legisladores presentes el pasado viernes, el pleno de la Asamblea aprobó la moción del opositor Henry Cucalón (Partido Social Cristiano) para cesar en sus funciones a Serrano que, no obstante, conserva su escaño.
En la misma sesión, el Parlamento decidió iniciar (aún sin fecha) un juicio político de censura contra Baca, quien en febrero pasado divulgó una grabación que hizo estallar el escándalo que los llevó a los dos ante el Legislativo.
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Antes de la votación, Serrano y Baca comparecieron ante el pleno del Parlamento para rendir sus versiones sobre el audio revelado por el fiscal, en el que se escucha al ahora exjefe del legislativo hablar con el excontralor Carlos Pólit -investigado por la justicia y quien vive en EE.UU.- en una presunta conspiración contra el titular del Ministerio Público.
El legislador César Carrión comenta a Efe que ni Serrano ni Baca convencieron a los asambleístas con los argumentos en torno al audio que, por el contrario, abrió interrogantes, entre otros, sobre la comisión que investigó el caso relacionado con la protesta policial por temas salariales del 30 de septiembre de 2010, que el Ejecutivo de entonces interpretó como un intento de golpe de Estado.
Ello, porque tras la difusión del audio, Serrano presentó ante la Fiscalía documentación que, según dijo, tiene que ver con el presunto uso de gastos reservados en la comisión que investigó el caso, y de la que Baca era parte, y porque han arreciado las críticas a Serrano por haber mantenido conversaciones con Pólit.
El propio Serrano reconoció su desacierto: «Confieso haberme equivocado en atender esa llamada», dijo ante el pleno.
«Tanto el uno como el otro tendrán que ser investigados, realmente todas estas relaciones, estos audios no solamente deben quedarse en un escenario político», apunta Carrión, del movimiento opositor CREO, quien señala que los legisladores deberán ahora designar al nuevo presidente del Parlamento.
Por trámites internos que aún deben cumplirse en la Asamblea, Carrión presume que la suerte de Baca se conocería antes por acción del recientemente conformado Consejo transitorio de Participación Ciudadana y Control Social, facultado en la consulta popular de febrero para evaluar el desempeño de las autoridades de control.
El analista político Santiago Basabe, presume que Baca tiene «un final prácticamente cantado, que es su destitución del cargo».
Opina que en la confrontación a raíz del audio, Baca -quien en la comparecencia ratificó la denuncia de una supuesta conspiración en su contra-, «ha ganado esta primera parte» con la destitución del titular del Legislativo, pero dentro de poco él también podría ser separado del cargo, aunque aún nada está definido.
No obstante, si se llegase a dar ese escenario, Basabe subraya que «Serrano sigue siendo legislador, y va a seguir teniendo una posición privilegiada».
El analista dice a Efe que lo que se ha descubierto hasta ahora es «apenas una parte muy pequeña de lo que ojalá en algún momento se conozca en detalle» y señala que hay otros casos en temas de corrupción destapados recientemente, por lo que vaticina que se tratará de un «proceso largo» hasta que se conozcan pormenores.
El lío por el audio y la destitución han supuesto para Serrano un golpe político fuerte, pues se ha mantenido en el protagonismo político en la última década y su nombre ha estado en boca de analistas como eventual candidato para futuros procesos electorales.
Ministro del Interior durante la administración de Rafael Correa, cargo en el que lidió con duros casos, entre ellos el combate al narcotráfico, Serrano está acostumbrado a batallar en campos complicados y su declaración tras su destitución deja entrever que mantendrá su temple.
«La Secretaria General de la Asamblea Nacional, Libia Rivas, y el Prosecretario, Diego Torres, renunciaron a sus cargos en el momento que se iba a consumar la inconstitucionalidad para no prestarse a esta farsa y no tener responsabilidad en el juicio que interpondré», advirtió, con lo que dejó claro que su lucha no ha terminado.
EFE
