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Fiscalía investiga más de 4.800 denuncias de abuso sexual a menores

Las estadísticas de la Fiscalía dan cuenta de que en 2015 se registraron 1.537 denuncias de abusos a niños y adolescentes, un año después 1.896 y en 2017 un total de 1.421.

La Fiscalía de Ecuador investiga un total de 4.854 denuncias de abusos sexuales a menores en el país desde el año 2015, de las cuales 714 presuntamente ocurrieron en el ámbito educativo, informó la institución.

Las estadísticas de la Fiscalía dan cuenta de que en 2015 se registraron 1.537 denuncias de abusos a niños y adolescentes, un año después 1.896 y en 2017 un total de 1.421.

Las denuncias en el ámbito educativo ascendieron a 296 en el año 2015, además de 220 en 2016, en tanto que en lo que va de 2017 llegaron a 198, según la Fiscalía.

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El 90 % de las denuncias relacionadas con el sistema educativo corresponde a mujeres y el 57 % habrían ocurrido dentro de los establecimientos de estudio.

El 56 % fueron adolescentes, según las denuncias, indicó la Fiscalía que detalló que el 61 % dijo haber sido abusada por «autoridades o docentes».

En una comparecencia ante una comisión que estudia en la Asamblea Nacional casos de abuso sexual a menores, el fiscal general del Estado, Carlos Baca, dijo que no se puede «seguir teniendo 65 denuncias por cada 100.000 habitantes».

Informó, además, de que la Fiscalía no cuenta con personal suficiente para atender los casos de abusos y detalló que cuentan con 48 psicólogos pero se necesitan 132.

Asimismo, indicó que tienen 68 médicos legistas cuando el número ideal es 110 y añadió que cuentan con 42 trabajadores sociales pero requieren 67.

Por otra parte Baca recibió este lunes de manos del ministro de Educación, Fander Falconí, 74 sumarios administrativos sobre violencia sexual que -dijo- «fueron archivados o no procesados adecuadamente» en el sistema educativo entre 2014 y 2017.

Con esto suman 181 expedientes que están en manos de la Fiscalía para su investigación, señala el Ministerio de Educación al anotar que seguirá revisando los procesos para hacer un seguimiento a casos registrados en el pasado «y evitar que queden impunes».

EFE

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