Ecuador: tala ilegal amenaza la veda de caoba decretada por el gobierno

El 5 de octubre el Ministerio del Ambiente decretó la veda de la caoba por los próximos 10 años. El principal enemigo de esta especie en Ecuador es la tala ilegal: solo quedan 4000 árboles de caoba. En provincias como Orellana, Napo y Sucumbíos la especie prácticamente ha desaparecido.

Por Metro Ecuador
Ricardo Yanez - La policía de Ecuador indicó que la madera ilegal se traslada a Perú o Colombia para luego legalizarla.
Ecuador: tala ilegal amenaza la veda de caoba decretada por el gobierno

La tala ilegal ha diezmado la población de caoba en el mundo. Conocida como el oro rojo de la Amazonía, el intenso tono rojizo de este árbol y la dureza de sus troncos, hace de esta una de las maderas tropicales más valiosas y cotizadas del mundo. Una vez procesada la caoba llega a las tiendas de muebles de Estados Unidos, Europa y cada vez más de Asia, lo que se refleja en las cifras de exportación de este árbol, que bordean los 100 millones de dólares anuales en el mercado internacional, según la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)

En Ecuador, la fiebre del “oro rojo” y la expansión de la frontera agrícola ha reducido la población de caoba a 4000 árboles, según datos del Ministerio de Ambiente de Ecuador (MAE). Los últimos relictos de estos gigantes, que se levantan como columnas hasta alcanzar el denso dosel del bosque, se encuentran en las provincias de Pastaza y Morona Santiago, en el centro sur de la Amazonía ecuatoriana. En provincias como Orellana, Napo y Sucumbíos la especie prácticamente ha desaparecido por una intensa explotación maderera en las décadas de los 80 y 90.

Bajo este panorama, el Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE) firmó, el 5 de octubre de este año, el Acuerdo Ministerial Nº 090 sobre la Veda de Caoba, en el que prohíbe el aprovechamiento y la comercialización de esta especie durante los próximos 10 años. “Este periodo servirá para analizar cómo están las poblaciones de caoba natural y hacer un monitoreo de su estado de conservación y reproducción. Dependiendo de los análisis durante los próximos 10 años, podremos extender la veda o autorizar cierto tipo de manejo”, dijo el Ministro de Ambiente, Tarzicio Granizo, el primero de noviembre durante una rueda de prensa donde oficializó la nueva medida.

La caoba se encuentra bajo el apéndice II del CITES desde hace 14 años. Esto quiere decir que los países deben monitorear la población natural de la especie para determinar su estado real e implementar proyectos para recuperar y proteger la especie. En el caso de que el país no disponga de información científica debe tomar acciones dirigidas a controlar la comercialización de la especie.

¿Es la veda de 10 años realmente una solución?

Hugo Navarrete, autor del Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Ecuador, argumentó que 10 años no son suficientes. “Realmente para que se solucione el problema necesitaremos cien años, porque el ciclo de vida de estos árboles dura siglos no décadas”, explicó.

A pesar de que antes se aplicaron vedas para controlar la tala de caoba —entre el 2007 y el 2009, y del 2009 al 2011 en Ecuador— hasta el día de hoy estos árboles caen abatidos por las motosierras de los taladores furtivos. Según cifras oficiales de la MAE, entre el 2013 y el 2017 se decomisaron 6,92 metros cúbicos de madera de caoba, el equivalente a la carga de un volquete, en las provincias de Pastaza, Sucumbíos, Orellana y Pichincha.

Los leñadores furtivos utilizan los asentamientos indígenas como puerta trasera para entrar a las reservas. Un biólogo que trabaja en la reserva del Cuyabeno y que por temor a represalias se mantiene como fuente anónima, cuenta que los taladores ilegales ofrecen dinero a los indígenas a cambio de que extraigan árboles de caoba y otras especies de la selva. “Ellos están entre la espada y la pared, quieren trabajo, y si les dan dinero por hacerlo, pues lo hacen”, dijo el científico a Mongabay Latam refiriéndose a los indígenas.

Una vez que el árbol se ha desplomado, los leñadores arrastran el tronco con animales de carga, como burros o caballos, para sacar la madera de la densa selva amazónica. Luego apilan los troncos o tablones en carreteras de tercer orden a la espera de que un camión los recoja y los esconda entre madera de origen legal. Así lo cuenta José Ricardo Yanez, jefe de la Unidad de Protección Ambiental de la Policía Nacional del Ecuador, quien explica que la madera ilegal se traslada a Perú o Colombia para luego legalizarla. Por ello, la mayor parte de los operativos se realizan en las fronteras.

Hace dos meses, el 6 de septiembre de este año, se decomisaron 96,44 metros cúbicos de madera ilegal en Huaquillas, una ciudad fronteriza con Perú en la provincia de El Oro.

Junto con la veda de la caoba, el Estado planea intensificar el control de la tala ilegal. Yanez cuenta que participarán 300 policías de la Unidad Ambiental en las investigaciones y en los operativos focalizados. La policía ambiental está distribuida en 14 puntos de control fijo a escala nacional, especialmente en las vías principales de acceso a la región amazónica. En cada punto de control trabajan 24 horas, todo el año, técnicos del MAE y de la policía. Además “realizamos alrededor de 2 a 3 operativos diarios”, añadió Yanez.

Pero las zonas alejadas siguen siendo un blanco fácil para los taladores ilegales. En el corazón de la reserva del Cuyabeno, al norte de la Amazonía ecuatoriana, aún se escucha el estruendo de los inmensos árboles cayendo abatidos al suelo. El biólogo cuenta que ahí no existe ningún control, ni de la caza ni de la pesca. Él opina que debe haber una mejor vigilancia en estas áreas para que la veda sea más efectiva.

Minería: una amenaza para la caoba

Detrás de la iniciativa de prohibir la comercialización de caoba, existe la incesante lucha de los pueblos indígenas por proteger el bosque. A la firma del Acuerdo Ministerial Nº 090, el 5 de octubre de este año, asistieron representantes de varios sectores claves, entre ellos líderes del Pueblo Shuar Arutam, quienes tenían sus razones para estar presentes.

“En nuestro territorio hay una gran amenaza por la explotación minera. Casi el 40 % está concesionado”, se expresó preocupado Abilio Shakai, dirigente del Pueblo Shuar Arutam, en una entrevista con Mongabay Latam. La tala ilegal puede ser una de las mayores amenazas para especies como la caoba, pero la minería a cielo abierto se ha convertido en un potencial peligro para muchas especies de plantas y animales.

Los Shuar habitan en las escarpadas colinas de la Cordillera del Cóndor, al sur de la Amazonía ecuatoriana, en la provincia de Morona Santiago. Distribuidos en 220 000 hectáreas, más de 120 comunidades Shuar siguen el curso de los ríos Chuchumbletza, Bomboiza, Santiago, Zamora, Kankus y sus afluentes. Según el MAE y el líder shuar Shakai, en la Cordillera del Cóndor se encuentra uno de los últimos remanentes de árboles de caoba que quedan en Ecuador. Pero también se estima que es una de las mayores reservas de cobre del mundo.

La Amazonía Sur es una zona amenazada por la expansión de la minería a cielo abierto y ha sido escenario de enfrentamientos entre indígenas y fuerzas armadas. En agosto de 2016, policías y militares desalojaron a indígenas shuar de la comunidad de Nankints. El operativo buscaba dar paso a la explotación de cobre a cielo abierto por Explorcobres S.A., de las empresas estatales chinas CRCC y Tongling. En noviembre, los comuneros retomaron el campamento minero argumentando que era ilegal, pues el gobierno no había realizado la consulta previa que establece la Constitución. Actualmente el proyecto se encuentra en la fase de exploración.

Shakai argumentó que la minería a cielo abierto contaminará el ambiente y tendrá un impacto social en las comunidades. “Esto va a tener bastantes consecuencias a futuro con nuestras identidades, nuestras costumbres, y eso para nosotros es una preocupación”, agregó el representante de los Shuar.

Ellos piden al gobierno que se busquen otras alternativas para el desarrollo. Entre sus propuestas está la reforestación de plantaciones de árboles de caoba y otras especies que están amenazadas. La intención es reforestar fincas integrales para recuperar a la especie y dejar una herencia a las futuras generaciones. La esperanza por un mejor futuro también se ve reflejada en el desarrollo de proyectos turísticos sostenibles y ecológicos.

“Como parte también de reducir la deforestación del país que todavía es elevada, hemos iniciado a contactarnos con cooperaciones y hemos establecido convenios con las comunidades que aún tienen cierto remanente de caoba en su territorio. Se van a desarrollar una serie de proyectos que les beneficien económica y socialmente, y de la misma forma las comunidades de Morona Santiago protegerán y precautelarán los últimos árboles de caoba de este país”, dijo el Ministro de Ambiente durante la rueda de prensa. El MAE se ha comprometido en mantener mesas de diálogo territorial que incluyen a actores como comunidades indígenas, la academia, el sector forestal y las organizaciones sin ánimo de lucro, para buscar alternativas viables que protejan la caoba.

“Para desarrollar el proyecto de plantaciones de caoba necesitamos apoyo en los ámbitos sociales, educativos y de capacitación para crear consciencia. El objetivo es recuperar estas maderas que ya nos hemos dado cuenta que están desapareciendo” afirmó Shakai.

Socio bosque: un convenio pendiente con las comunidades

Otra de las actividades complementarias a la protección de esta especie es el fortalecimiento del Programa Socio Bosque con énfasis en las comunidades que poseen en su territorio poblaciones de caoba.

Socio Bosque nació en 2008 con el objetivo de conservar los bosques. El programa consiste en la entrega de incentivos económicos a campesinos y comunidades indígenas que se comprometen voluntariamente a la protección de sus bosques, páramos u otra vegetación nativa. En ocho años, el gobierno ha destinado 61 millones de dólares a la conservación de 1,5 millones de hectáreas, según el MAE.

El Pueblo Shuar ha apostado por este programa y actualmente conserva 92 000 hectáreas de su territorio. Sin embargo, en los últimos años, el Estado ecuatoriano ha tardado en efectuar los pagos correspondientes al 2016 y al 2017. Raul Petsain, representante del Pueblo Shuar Arutam, está preocupado porque el gobierno aún no les paga el 50 % del segundo semestre del 2016 y el monto correspondiente al 2017. Shakai no se animó a dar la cifra total, porque indicó que el el gobierno hizo un recorte en el presupuesto del 2016.

El líder shuar contó, además, que los fondos de Socio Bosque benefician a 1200 familias que dependen de ese presupuesto para destinarlo a educación, salud, necesidades agropecuarias e incentivos.

De acuerdo con un comunicado del MAE varios factores influyeron en la demora de la transferencia de los incentivos económicos, tales como: las variaciones en los precios del crudo que impactaron en el presupuesto del Estado, el terremoto del 16 de abril de 2016 y el pago por el juicio del país con la empresa Occidental (OXY).

A pesar que el programa se ha financiado con recursos fiscales “el MAE ha propuesto a la Presidencia un mecanismo financiero que permita desbloquear fondos de cooperación internacional que ayude a disminuir la necesidad de fondos fiscales para sustentar el proyecto”, informó el Ministerio.

Pero Shakai tiene sus dudas sobre la propuesta de utilizar fondos internacionales para Socio Bosque. “Nos han dicho que el dinero que recibimos proviene de fondos fiscales, los cuales en este momento son escasos. Parece que los fondos internacionales no llegan al país”.

Algunos recursos de la cooperación internacional están a la espera de un mecanismo financiero para ser desembolsados. Este es el caso de un monto que bordea los 41 millones de dólares provenientes del Banco Alemán Gubernamental (KfW) y del gobierno de Noruega. Esta partida fue donada como parte del programa REM-REDD. REM es el acrónimo para los fondos del Programa Global REDD para Early Movers, es decir, para países en vías de desarrollo que se incorporan al mecanismo REDD (Reducción de las Emisiones producto de la Deforestación y la Degradación de los bosques) para ejecutar proyectos de conservación de bosques, con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a escala global.

“Estamos en una carrera contra el tiempo”, dijo a Mongabay Latam el Ministro de Ambiente, al referirse a la creación de un nuevo mecanismo financiero que permita canalizar los fondos internacionales a los beneficiarios. Según María Victoria Chiriboga, subsecretaria de cambio climático del MAE, el nuevo mecanismo financiero se encuentra en la última instancia de aprobación.

De los USD 41 millones, USD 6,5 millones irían destinados para programas de incentivos tales como Socio Bosque. Estos fondos podrían ser una motivación para proteger a los últimos árboles de caoba que se elevan imponentes sobre el suelo selvático desde hace siglos y que están a punto de desaparecer.

Publicado originalmente en  Mongabay

Te puede interesar:

Contenido Patrocinado
Loading...
Revisa el siguiente artículo